Quién sabe si de manera involuntaria, pero la Auditoría Superior del Estado (ASE) se sumó a la nueva ofensiva del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en contra de Juan Manuel Carreras López y excolaboradores por el caso de las millonarias y sospechosas compras de materiales de limpieza, cómputo y papelería realizadas durante un buen lapso del sexenio anterior.
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Desde luego que la función de la Auditoría es registrar las observaciones realizadas al ejercicio de recursos públicos de las dependencias estatales.
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Sin embargo, casi siempre ha trabajado con una suerte de neutralidad que la hace cautelosa a la hora de hablar sobre las anomalías detectadas. De hecho, por lo regular, en las posturas de la ASE son frecuentes las acotaciones de que las observaciones realizadas a las dependencias no implican irregularidades o actos punibles. Y no faltan los señalamientos de que las dependencias tienen la oportunidad de solventar las observaciones.
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Sin embargo, nada de eso aparece en el boletín enviado por la ASE para comunicar que “no es ajena” a las denuncias del Ejecutivo.
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De inicio sentencia ya como irregulares los hallazgos hechos, ¿coincidentemente? en adquisiciones de productos y servicios, los objetados por el gobierno gallardista. Los años 2020 y 2021, los de la pandemia, fueron los más observados, lo que coincide con una de las piedras angulares de la acusación del gobierno estatal.
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No se puede ocultar que las sospechas de malos manejos de recursos en el sexenio carrerista tienen bastantes fundamentos. Los resultados del gobierno anterior son impresentables, en especial por casos como las trapacerías en la Secretaría de Salud, las compras sospechosas en materia de seguridad o el agujero negro en que acabó la Red Metro, por mencionar unas pocas.
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Pero tampoco se puede esconder la intencionalidad de la ASE de respaldar una estrategia del actual Ejecutivo con la emisión de esa información.
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Con el riesgo de que a partir de ahora, la ASE sea vista como un instrumento del Ejecutivo, el órgano fiscalizador tiene ahora la responsabilidad de esforzarse en recuperar los recursos ahora declarados irregulares. Porque esa sí es una responsabilidad de la ASE.
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Anunciada ya la nacionalización de todos los depósitos de litio del país, a través de la empresa LitioMX, la empresa canadiense Advance Lithium le propone al gobierno federal trabajar conjuntamente con la paraestatal para explorar las posibilidades de los predios del Altiplano potosino sobre los cuales tiene derechos y se presume tiene litio suficiente para justificar la explotación.
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Parece un intento de salvar los muebles ante la posibilidad de que la nacionalización anule los derechos que tenía la empresa.
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En todo caso, resulta interesante el hecho de que, ahora que el litio tomó una posición preponderante por la nueva planta de autos eléctricos de BMW, se dé la posibilidad de que mineral potosino pueda ser utilizado por la automotriz.
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¡HASTA MAÑANA!