El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sacudió el entorno sobre el manejo gubernamental de la pandemia, al anunciar que el 25 de enero próximo, se reiniciarían las clases presenciales en esa entidad.
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La noticia desató el debate sobre cuándo deben reabrirse las aulas y permitir el regreso de los alumnos.
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El anuncio jalisciense despertó resquemores sobre la pertinencia de la medida, toda vez que ni por asomo, la incidencia del virus parece bajar. Antes, lo contrario.
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También está el ingrediente político. La tirantez de las relaciones entre el gobierno de Alfaro y la administración federal es tal que a veces parece nublar el sentido común. La decisión de Alfaro va a chocar directamente con las políticas de la Secretaría de Salud y es muy posible que se sume a la ya enorme lista de desacuerdos.
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Una de las inquietudes que despertó el anuncio fue el que otras entidades siguieran los pasos del estado de Jalisco.
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No se ha manifestado ningún otro gobernador en ese sentido. Afortunadamente en San Luis, parece haber primado la prudencia.
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La SEGE señaló ayer que el regreso a clases aquí depende de las decisiones de la Secretaría de Salud y de la Federación, tomadas conforme el desarrollo de la pandemia. Parece lo más sensato. Esperemos que se mantenga.
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Los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso local deberían taparse la cara por estos días, cuando se les recuerde que durante la campaña de 2018, afirmaron que recortarían la insultante prestación del aguinaldo.
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Ahora se aprestan a recibirlo sin rubores, y cuando se habla de aquellas promesas sobre la austeridad, ofrecen blandengues argumentos de que quizá lo hagan, que sólo lo aceptarán si todos lo hacen o que los otros dos poderes también compartan el compromiso.
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No hay necesidad de que los diputados escondan su real intención de conservar íntegra esa percepción. De querer apoyar a otros sectores con esos recursos, lo habrían hecho sin pretextos.
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Destinos no les faltan. Y aunque hay muchos sectores necesitados de la sociedad potosina, el de los trabajadores de la salud, que han batallado día con día contra la pandemia, es el que más merece un gesto de generosidad de los diputados.
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Pero ya sabemos que esa virtud es casi inexistente entre los diputados potosinos.
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El delegado de programas del Bienestar en el estado, Gabino Morales, resultó un avezado conocedor de los mecanismos de la 4T. Ante los señalamientos que la crisis del Hospital Central es responsabilidad del gobierno que integra, su respuesta es digna del discurso de su jefe, el presidente López Obrador: la culpa es de administraciones pasadas, sus redes de corrupción y de las trasnacionales.
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Sólo pretextos para evadir una responsabilidad que, evidentemente, corresponde a esta administración federal.