Como suele ocurrir cuando hay un estallido de violencia en el estado, la reacción de la autoridad es argumentar que ocurre todo lo contrario: San Luis “está en orden”, la autoridad “no ha sido rebasada” y si algo ocurre, se trata de “mínimas situacio-
nes delictivas”.
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Los entrecomillados son las respuestas que funcionarios del gabinete de seguridad dieron como reacción al descubrimiento de siete cuerpos arrojados a un paraje de Aquismón.
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Además de la usual disonancia entre la cruel realidad y los discursos, no faltaron las teorías exculpatorias de cualquier responsabilidad, como esa de que los hombres fueron asesinados en otros estados y se usó San Luis como tiradero de cuerpos, como ocurrió en el Altiplano, en Salinas y Santo Domingo, donde los asesinados en Zacatecas eran arrojados en territorio potosino.
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Y es que el sitio donde se encontraron los cuerpos dista mucho de cualquier límite estatal, por lo que, si ocurrió así, los responsables debieron tener un transporte de tamaño suficiente y recorrer un largo tramo hasta el interior de la entidad.
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Por otro lado, lo escrito en los cuerpos atribuían la responsabilidad a un grupo delictivo local.
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Pero, en ese sentido, no hay diferencia entre este gobierno y sus antecesores, que tampoco fueron efectivos ante la delincuencia organizada.
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Y para muestra de ese control, anoche ocurrió otra “mínima situación delictiva”: un antro de El Paseo fue escenario de un tiroteo en el que cinco personas resultaron heridas.
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En la Ciudad de México empieza a correr la versión que ante el hartazgo por la petulante postura de los 15 gobernadores que violaron la veda electoral, entre los que se incluye el de San Luis Potosí, las autoridades electorales preparan una represalia que podría afectar el futuro político de los mandatarios involucrados.
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El INE tiene un padrón de funcionarios a los que se les ha comprobado su responsabilidad en hechos de violencia política. La idea en el instituto y el Tribunal Electoral es otro padrón, ahora de funcionarios que desacatan las vedas electorales.
A los servidores públicos en funciones les generaría un problema que podría generarles una eventual inhabilitación para cargos futuros. El blanco más visible es Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, a quien se le ve como heredera de López Obrador.
En el Partido Verde tienen la idea de que Ricardo Gallardo Cardona podría ser su carta fuerte para el 2024. Como uno de los gobernadores sancionados por promoción indebida, un padrón de esta naturaleza no sería del agrado del potosino.
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¡HASTA MAÑANA!