Mientras que las autoridades estatales y municipales se esfuerzan en afirmar que la situación de la seguridad en San Luis Potosí ha mejorado, Estados Unidos le pone freno a ese optimismo al mantener al estado en la lista de entidades a las que considera que no es favorable viajar.
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Por tercera vez en menos de año y medio, San Luis Potosí está en el tercer escalón en la tabla de riesgo para los viajeros del Departamento de Estado. El peor de la escala es el cuarto.
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La violencia de las bandas delictivas en la entidad sigue siendo el principal pretexto del gobierno de Donald Trump para mantener al estado en esa categoría.
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Pero no le falta razón. Las muertes violentas, de hombres y mujeres, siguen acumulándose, sin que las estrategias de las autoridades municipales y estatales consigan contenerlas. Igual sucede con los robos, las violaciones y otros delitos más.
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Desde luego, podría repetirse la estrategia de contención que ya se usó alguna vez de decir que naciones como Australia, Suecia o Alemania no incluyen al estado en sus respectivas listas. De esos países no provienen la mayoría de los turistas extranjeros que visitan San Luis.
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La fagocitación del Partido Verde en San Luis a manos del gallardismo no tuvo eco entre los involucrados. Algunos de los actores inmiscuidos en la trama optaron por el silencio, lo cual era previsible.
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Pero en el fondo, la historia tiene asideros. El pragmatismo de los políticos en San Luis han dado muestras extremas de que las ideologías o los principios son intercambiables siempre que en el proceso, los intereses sobrevivan.
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Y sobre eso, el PVEM y el gallardismo han dado senadas muestras de lo que son capaces de hacer por el poder.
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Ayer el Congreso del Estado fue escenario de una gresca entre grupos que apoyan a la gallardía y opositores. El barullo que armaron fue suficiente como para reventar la sesión.
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Por otra parte, la alcaldía navista y la corriente del ex alcalde siguen su batalla mediática con denuncias de corrupción e ineficiencia de uno y otro bando, cuya certeza no está del todo claro.
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¿Hasta dónde se estirará la liga antes de que esa hostilidad se agrave? Lo peor del caso es que no se espera que la cordura se imponga en alguno u otro bando.
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En el caso del uso de facturas irregulares por parte de diversas autoridades estatales y de los municipios, la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez está nadando “de a muertito”.
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No ha aclarado por qué la pasada administración, que en esencia sigue siendo la actual, facturó millones de pesos a una empresa catalogada como fantasma.
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El que resalte que dispone de un sistema de control que permite verificar la legalidad de sus proveedores simplemente evidencia el tamaño de su fracaso. A menos, claro, que ese haya sido el propósito final del gobierno de Gilberto Hernández Villafuerte.
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¡HASTA MAÑANA!