El gobierno del estado está repitiendo la situación que enfrenta la alcaldía en El Saucito: uno de sus proyectos pensados para uno de los barrios tradicionales de la ciudad está topando con la oposición ciudadana.
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El Saucito y San Miguelito están dando una lección a las autoridades: la opinión de sus habitantes cuenta, y debe ser consultada.
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Y no es que la mejora de la infraestructura urbana no sea una prioridad para la capital. Esa es una demanda de los propios ciudadanos. Que los gobiernos de la capital y el gobierno estatal tengan proyectos es positivo.
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Pero si esas obras, un paso a desnivel y la remodelación de las calles, generan descontento entre los que serían sus beneficiarios, las autoridades deberían detenerse y preguntar por qué esas reacciones.
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Sobre todo tratándose de un entorno en cierta forma cerrado, solidario y celoso de sus tradiciones, como son los barrios.
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Dese luego que la politización es una posibilidad. La polarización, por desgracia, es una realidad. Incluso se impulsa desde ambos palacios, pero cuando dos gobiernos que se precian de escuchar a la ciudadanía tienen este tipo de oposición, algo no se está haciendo bien.
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La Seduvop es muestra de ello: decir que se van a dejar “vestigios” del adoquín en San Miguelito no es la manera más adecuada para responder a la inconformidad ciudadana.
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La negociación, desafortunadamente, no es el fuerte del gobierno gallardista y entonces, la posibilidad de que se repitan en el centro de la ciudad lo que ocurre en El Saucito es alta.
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El adeudo del gobierno del estado del estado con el sistema estatal de retiro ya roza los 4 mil millones de pesos y ya rebasó al monto de la deuda pública bancaria de largo plazo, que es de tres mil 352.1 millones de pesos.
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Por la enormidad de la cifra, el gobierno del estado debe establecer con total transparencia los alcances de su estrategia de analizar la viabilidad de incorporar a la Dirección General de Pensiones a las leyes de ingresos y egresos del estado para darle sustentabilidad, como lo explicó a fines de junio el representante del Ejecutivo ante la Junta Directiva de la DGP, Arturo Aguiñaga.
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Actualmente, Pensiones es un ente autónomo del gobierno del estado, cuyos ingresos no provienen del presupuesto del Ejecutivo, sino que es parte de los fondos aportados por los profesores y los burócratas. Sólo el sueldo del director es el pagado por las arcas estatales.
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¿Qué implica incorporar a Pensiones al presupuesto? ¿La intención es saldar con fondos estatales el pasivo con Pensiones?
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De inicio, se trata de una deuda que no debería existir. Las administraciones estatales, todas desde que se instituyó el sistema de retiro, debían retener las aportaciones de los beneficiarios y entregarlas a la DGP. Además, debían pagar las aportaciones de la administración, que año con año, en teoría y de todos modos debían estar incluidas en los presupuestos anuales.
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Pero lo mismo las despreciadas administraciones anteriores como la actual, no han cumplido con la Ley. No cubren sus aportaciones y no reportan a Pensiones los fondos descontados a los trabajadores.
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Es una caja chica que irresponsablemente se ha dejado crecer. Y el gobierno actual debe explicar si pretende pagarla de nueva cuenta.
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¡HASTA MAÑANA!