El Instituto Mexicano de la Competitividad realiza un índice anual en el que evalúa el modo en el que los estados realizan sus presupuestos y lo ejercen.
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Y ha detectado una práctica sospechosa y recurrente: en muchas ocasiones, pese a que los gobiernos se quejan permanentemente de la escasez de recursos, aparecen de quién sabe dónde cantidades importantes en la forma de ampliaciones presupuestales.
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En estas entidades, señala el think tank, los presupuestos no reflejan la realidad y demuestran una falta de planeación y desorden en la ejecución del gasto.
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Más aún, evidencia una falta de vigilancia y contrapesos de los congresos estatales, que una vez que aprueban los presupuestos, se desentienden y no supervisan las variaciones financieras.
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Sobre este punto, el destino de los recursos es una incógnita. En el caso de San Luis, la mayor parte de los recursos extras se van a la Oficialía Mayor, la encargada del pago a la nómina y las compras de la administración estatal.
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Las explicaciones sobre por qué, apenas empezando el año, se registran estas discrepancias presupuestales.
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Cada que se declara a alguna zona del estado de valor ecológico como área natural protegida, el discurso oficial se enfoca en el autohalago por la clara defensa ambientalista de la administración en turno.
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Sin embargo, en ocho de los 15 casos de áreas naturales protegidas del estado, no ha pasado más allá de eso.
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En esas áreas naturales protegidas, el plan de manejo, documento toral de toda zona ecológica que rige el modo en el que se desarrollará la misma.
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La omisión de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en cumplir con esa obligación pone en riesgo el potencial ambiental de estas zonas, algunas de las cuales llevan años esperándolo.
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El asunto llegó al Congreso y la Comisión de Ecología del Legislativo emitió un punto de acuerdo en donde se exhorta al gobierno del estado y de la Segam solucionen el problema.
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A ver si ahora que está saliendo del trance de su mudanza, la dependencia empieza a cumplir con esos pendientes.
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La Minera San Xavier no se quedó con los brazos cruzados ante las clausuras que realizaron Protección Civil del gobierno del estado y las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
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La empresa de capital canadiense tramitó un amparo, que le fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito, pero no logró que se suspendiera el cierre.
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La semana que entra iniciarán las audiencias para determinar si la suspensión persiste.
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¡HASTA MAÑANA!