Entre el cúmulo de noticias poco positivas, el repunte del empleo formal en San Luis, que hila tres meses al alza y ya ha roto su techo histórico en los últimos dos es, indudablemente, un remanso.
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El hecho refleja que la tormenta laboral que dejó la pandemia de Coronavirus ya es cosa del pasado y que la economía está recobrando impulso.
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Pero no hay que perder de vista que el trabajo formal, lamentablemente, no es el más numeroso y que, pese a los aumentos, aún está lejos de igualar las marcas del trabajo informal, entendido éste como aquel en el que los trabajadores carecen de los derechos y beneficios que emplea la formalidad.
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Es muy probable que las autoridades se cuelguen la medalla de este avance, pero habría que recordarles entonces que redoblen sus esfuerzos para extender el empleo formal.
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El oropel y el derroche privó en la Navidad pasada. A ver si este año, hay un poco de moderación en un gasto que hace lucir bonito al Centro Histórico, pero no aporta nada más.
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Y de nueva cuenta, este gobierno ha mostrado su proclividad a la opacidad, pues no es sino hasta ahora que se ha revelado el costo total.
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No es que no se hayan hecho las solicitudes de información sobre este gasto, sino que, o no ha habido respuestas, o éstas han sido inexactas.
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Entre los documentos que aparecen en los archivos hackeados a la Sedena hay una buena cantidad de reportes sobre las juntas de coordinación que periódicamente realizan diversas instancias vinculadas a la seguridad en el estado.
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En algunas de ellas, se refleja el particular estilo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la manera de aproximarse a los asuntos.
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En un documento de principio de agosto, hace dos meses, el mandatario potosino se alineó a una polémica acción del presidente Andrés Manuel López Obrador: exhibir a los jueces que, a su parecer, no hacen bien su trabajo.
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Pero mientras que el presidente lo hace en las “mañaneras”, el mandatario potosino intentó convertir la medida en una acción de gobierno. En esa ocasión, de acuerdo al acta, instruyó a su Coordinación de Comunicación Social a que “elabore un promocional donde se dé a conocer a los jueces que han dejado en libertad a civiles que han sido detenidas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno” por portación de armas prohibidas.
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Para reforzar su orden, argumentó que algunos de estos civles liberados fueron aprehendidos de nueva cuenta. La exhibición tendría como propósito “que la sociedad se forme otra opinión de los responsables de aplicar y administrar la justicia; quienes aduciendo la aplicación del sistema judicial observan violaciones y fallas en la autoridad que detiene y no el delito que cometen las personas”.
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La tesis del gobernador tiene muchos simpatizantes, que han visto que el sistema de justicia penal fue rediseñado para favorecer a quien delinque, en perjuicio de las víctimas.
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El modo, sin embargo, está sujeto a la polémica, pues se trata de un intento de intromisión en otro Poder, que está a la misma altura que el Ejecutivo.
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Al parecer, la idea no prosperó, pues no se ha visto una campaña oficial. Pero refleja el estilo gallardista.
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¡HASTA MAÑANA!