Cadena de anomalías Avance acotado

El documento mediante el cual la Secretaría de Finanzas informa sobre la imposición de una severa sanción al particular Yonadab Nava Tovar por evasión fiscal es una prueba de que la cadena de ilegalidad en el caso del uso de facturas fantasma es larga.

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Nava Tovar es uno de los dos socios de la empresa 79 Integradora Empresarial Center SA de CV, señalada por el Servicio de Administración Tributaria como una de las compañías que usa sus facturas para simular operaciones, que emitió para dependencias gubernamentales de toda laya comprobantes por 15 millones de pesos en 2017. Con particulares, negoció documentos por 99 millones de pesos más ese año.   

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El requerimiento de Finanzas demuestra que Nava Tovar no sólo enfrenta anomalías en los documentos que expide, sino también, en los recursos que recibe. El señalamiento de que no pagó el ISR y el IVA de más de 130 millones de pesos que captó en 2016 así lo prueba.

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La ruta de las anomalías va entonces hacia adelante y hacia atrás en relación con los actores sospechosos.

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El punto ahora es cómo van a reaccionar las autoridades. Es evidente la intención de la Secretaría de Finanzas de recuperar de 79IEC los recursos evadidos y de sancionar al responsable. EL SAT exhibió a la compañía en la lista de empresas sospechosas. La Auditoría Superior del Estado reabrirá expedientes para checar la relación entre instancias públicas con varias de 

estas compañías.

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Sin embargo, nada de esto será útil si el resultado no llega a sanciones en caso de que se comprueben las muy evidentes irregularidades.

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Mención aparte es el hecho de que la Secretaría de Finanzas detectó en 2016 irregularidades en uno de los socios de la empresa que, al año siguiente, el SAT incluiría en su lista negra. Una empresa que facturó más de dos millones de pesos a dependencias estatales. ¿Nadie conectó los puntos?  

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El Instititute For Economics & Peace, una ONG que vigila el desarrollo de las actividades delictivas y el respeto a los derechos humanos reveló en estos días su Índice de la Paz 2019. 

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En él, evalúa algunos factores en esas materias que permiten crear una radiografía de cómo afecta la actividad de delictiva a las entidades.

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En el caso potosino, la foto general muestra un avance que lo hizo subir del sitio 18 al 13. De los cinco indicadores, tres disminuyeron y dos crecieron, pero uno de ellos fue el de homicidio, lo que es preocupante.

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El otro dato no tan bueno es el crecimiento del impacto financiero global de las actividades del crimen. De acuerdo al estudio, pasó en un año de 86 mil millones de pesos a 100 mil millones.

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Hubo avances, entones, pero cuando el deterioro se manifiesta en estos dos indicadores, la noticia ya no luce tan buena.

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¡HASTA MAÑANA!