Las cifras delictivas que revela el más reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan claroscuros para San Luis Potosí.
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Por un lado, queda claro que el saldo de muertes violentas en la entidad no es tan pronunciado como se registraba el año pasado. No han dejado de registrarse (ayer hubo un asesinato más) pero, por lo que respecta a los reportes, se están consignando menos.
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Puede ser un decenso real o una manipulación de cifras (hay reportes de colectivas feministas que señalan un incremento en las muertes violentas de mujeres que son clasificados como homicidios dolosos, en lugar de feminicidios), pero los números ahí están.
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Pero por otro lado, hay tres datos preocupantes: el primero es un pronunciado incremento del narcomenudeo, el delito que más ha crecido en el último año.
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Esto implica que San Luis se ha convertido en un mercado estable de droga y, por desgracia, un objetivo apetecible para quienes compiten en este negocio.
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Y ya sabemos que este tipo de competencia comercial se resuelve con muertes violentas.
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Por otro lado, el narcomenudeo se da en las calles, en espacios públicos, a la vista de la población. Y eso lo percibe la ciudadanía, lo que a la postre, debe reflejarse en las estadísticas de percepción de inseguridad.
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Hay otro tipo de violencia menos pública, pero que igual ha aumentado: la doméstica. Y ahí, la intervención del estado para amainarla, es menos efectiva.
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Finalmente, el robo está imparable. No ha dejado de crecer. Y de nuevo, la calle es el escenario, pues la modalidad que más se ha incrementado es el de robo a transeúnte.
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El crimen está ocupando poco a poco la calle.
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Parece que el gobierno del estado y los aliados legislativos del gallardismo por fin leyeron la normativa relacionada con el establecimiento sobre el salario mínimo y vieron que no se trata de un proceso fácil.
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Esto implicó un cambio de estrategia que, de cualquier modo, luce todavía muy cuesta arriba. Se trata de propiciar un cambio legislativo a nivel federal y de gran alcance, pues implica modificaciones constitucionales para quitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la atribución de establecer los términos de la prestación.
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Quién sabe si los legisladores federales potosinos, seguramente del Verde, tendrán la fuerza para convencer a los legisladores de otras facciones a participar en un cambio tan controvertido. Sobre todo porque la atención de Morena y otros grupos aliados está concentrada en defender a la 4T de asuntos candentes como la militarización y otros problemas.
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El asunto será una prueba para el gallardismo. A nivel local, tienen un control casi total del Legislativo, pero ahora deben negociar desde una posición de menor peso.
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¡HASTA MAÑANA!