De acuerdo a fuentes cercanas a los problemas financieros de Interapas, no hay efectos prácticos en que el organismo solicite al Congreso del Estado que le apruebe un balance negativo en el presupuesto, en español: que está en números rojísimos.
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Específicamente, un déficit de 308.7 millones de pesos en 2018.
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La solicitud estaba destinada al fracaso, porque el Interapas no puede realizar la propuesta y el Congreso no está facultado a aprobarla.
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Pero si no fuera así, la aprobación no serviría para mejorar la situación financiera del organismo.
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Al menos no directamente. Pareciera que el Interapas está empezando a crear las condiciones necesarias para intentar convencer a la opinión pública, y a los diputados, de, ahora sí, aprobar algún incremento en las tarifas para el año entrante.
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En todo caso, el reporte rechazado por el Congreso evidencia, de nuevo, que las finanzas del Interapas son un desastre.
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En su más reciente entrevista, el contralor general del estado, Gabriel Rosillo, cuestionó la transparencia de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, debido a que la Comisión Seleccionadora de los integrantes de aquél no ha presentado ningún fundamento sobre el mecanismo de lección.
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Señalado por el investigador César Sánchez, de Ethos, por instigar la división que tiene paralizado el CPC, Rosillo Iglesias se defendió deslindándose de los conflictos y apuntando el reflector a las instancias ciudadanas.
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Quizá pronto se mueva algo en esas dos instancias, puesto que el Congreso del Estado emitirá el jueves la convocatoria para nombrar a los ocupantes de los dos espacios vacíos de la Comisión Seleccionadora.
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Si no está completa esta instancia, es imposible mover algo en el CPC. Es probable que con esta medida, se vengan modificaciones importantes que desenreden este embrollo.
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La planta de Goodyear en San Luis Potosí está en el centro de una batalla diplomática y comercial, luego de que la empresa negara la entrada a una delegación de congresistas de Estados Unidos embarcados en demostrar que la empresa construyó aquí la fábrica para aprovechar los bajos salarios que se pagan en San Luis.
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Los legisladores buscan poner el foco en el nuevo tratado de libre comercio y las ventajas que sacan las empresas de ese país al instalar sus plantas en México.
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Y Goodyear, con sus pagos de 1 dólar la hora a sus trabajadores en San Luis, según la legisladora republicana Judy Chu, es una buena herramienta.
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¡HASTA MAÑANA!