En el Congreso del Estado tuvieron prisa en escurrir la responsabilidad sobre los litigios que enfrenta en diversos frentes legales.
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Siguiendo la tendencia de moda, se arrojó la responsabilidad a las pasadas legislaturas, lo que es veraz.
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Eso se evidencia con la nota de hoy de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Archivos del Estado por un deficiente diseño legislativo. La norma fue aprobada en 2020 por la pasada legislatura.
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Sin embargo, llama la atención la ausencia de cifras sobre cuántos de estos litigios corresponden a las anteriores administraciones y cuántas a la actual.
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Debería ser una estadística que los legisladores tuvieran a la mano, sobre todo, al ser relativamente reciente el informe que se hizo público en este diario.
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En todo caso, lo que sí recae en esta Legislatura es la responsabilidad de enfrentar sus consecuencias de esos litigios. Y al menos en un caso, la Junta de Coordinación Política ya tomó medidas con el inicio de un proceso administrativo por fallas en la defensa legal de un
laudo perdido.
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Lo interesante está en hasta dónde está dispuesto a llegar el Congreso en esta investigación. El punto de acuerdo de la Junta no menciona el nombre del presunto responsable, sino sólo el cargo. El punto es que quien fuera responsable de los Asuntos Jurídicos del Congreso ahora despacha en una dependencia estatal.
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Y la importancia de adoptar medidas está en el hecho de evitar que el Congreso del Estado enfrenta decenas de laudos laborales que podrían generarle al erario millones de pesos
en pérdidas.
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Ocurrió lo que tenía que ocurrir con la recién lanzada evaluación de funcionarios estatales: generó enojo.
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Lo reconoce el propio gobernador Ricardo Gallardo, que señala que habrá “refuego” en
su gabinete.
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Pero al interior del mismo, aunque nadie se lo va a decir, el ranking no fue bien recibido. Y no tiene que ver con calificaciones, sino porque los evaluados se enfrentan a un sistema del que desconocen los indicadores y los objetivos de la medición.
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Con una cabeza tan volátil al frente del Ejecutivo, no se descarta incluso que la nueva herramienta sea una justificante para movimientos dentro del gabinete. Desde luego, que existen atribuciones para fundamentar un despido, pero es mucho más fácil teniendo una aparente herramienta documental.
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¡HASTA MAÑANA!