El Congreso del Estado deberá estudiar con mucho cuidado las observaciones que el gobernador Juan Manuel Carreras López hizo al decreto con el cual se amplía el horario de venta de alcohol en diversos establecimientos, además de otras disposiciones que facilitan el comercio de bebidas embriagantes.
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Básicamente, porque tiene razón en casi todas. Sólo se puede esperar un incremento de accidentes de tráfico y de adicciones relacionados con la ampliación de la venta de alcohol, así como también el que se amplíen los márgenes de las bebidas que pueden ser consideradas como de “baja graduación”.
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Quizá el punto con más sentido en el texto enviado por Juan Manuel Carreras a los diputados locales es aquel en el que señala que el costo social que pagará la ciudadanía será alto si se trata de beneficiar a un sector económico, en clara referencia a los negocios beneficiados con la ampliación del horario de venta.
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Lo que sí desconcierta es que, si teniendo certeza de que la reforma aprobada por el Congreso estatal es tan nociva, por qué el Ejecutivo se limitó sólo a enviar unas observaciones y no se atrevió a usar su atribución constitucional de vetarla, de plano.
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Al no hacerlo, se expone a que el Congreso ignore las sugerencias y dejen sus opiniones en la irrelevancia.
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De nueva cuenta, la ciudad siente la sensación de que no hay seguridad en sus restaurantes. Otro asalto en un restaurante en la zona dorada de la capital puso en evidencia la debilidad de la vigilancia policiaca en la capital.
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A pocos metros del principal centro de vigilancia del Gabinete de Seguridad, una banda de asaltantes operaron con impunidad para despojar de sus relojes a clientes del restaurante.
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El caso pone en entredicho, si es que realmente se tomaron, las medidas anunciadas hace unos meses cuando el primer robo a clientes de un restaurante ocurrió.
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Pero el robo en este establecimiento no fue lo más grave que ocurrió ayer. Un joven fue hallado calcinado en Valles, un cajero automático fue saqueado y en Los Reyitos se registró el ataque armado a una vivienda.
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Lo que este viernes demostró es que, no importa las promesas que se hagan, cualquier delito está en posibilidad de repetirse en San Luis Potosí.
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Estuvo feo el desmentido que desde la Fiscalía General del Estado le hicieron al presidente del Poder Judicial del Estado Juan Paulo Almazán Cué.
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En medio del escándalo de la agresión de una empleada del Poder Judicial, el titular de Supremo Tribunal de Justicia del Estado había dicho que no estaba enterado de que la agredida recibió medidas de protección ante una agresiva ex pareja, que ya había intentado agredirla en la propia Ciudad Judicial.
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Ayer, la Vicefiscalía de la Mujer indicó que sí se habían comunicado a la dependencia de Almazán Cue dicha situación, lo que lo dejó mal parado.
¡HASTA MAÑANA!