¿Con qué argumentos el gobernador Ricardo Gallardo Cardona justificó el torpedeo y hundimiento de la Ley Serrano? Una revisión a las 33 páginas de la iniciativa presentada ayer por el mandatario para derogar las reformas al Código Penal que criminalizaban ciertos usos de la Inteligencia Artificial, apunta a que fue considerado como de un proceso de ensayo y error, que al dar resultados inesperados, es necesario modificar.
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Con extrema diplomacia, para no ofender al aliado que promovió la reforma, el diputado Héctor Serrano Cortés, el gobernador enfatizó que ésta no fue errónea y que el Congreso cumplió con su responsabilidad de actuar en un tema que requería establecer una normativa.
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Y, aquí viene el pero, sí establece que por ser el de la IA un tema en extremo complejo “la aplicación de la legislación genera información institucional que no siempre puede anticiparse durante el procedimiento legislativo”. Es decir, que, puesta en práctica, la Ley Serrano generó “efectos jurídicos” y “elementos objetivos” que obligan a “la revaloración del funcionamiento del modelo normativo adoptado”.
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El debate abierto por la norma y los cambios tecnológicos ocurridos desde su puesta en vigor, señala la iniciativa, contribuyeron a generar “un contexto distinto” al que había cuando se emitió. Es decir, hace poco más de medio año.
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Por ello, la aplicación de la norma permitió advertir “circunstancias” que no podían ser plenamente apreciadas al momento de la expedición de la reforma.
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En todo el texto, no se señala cuáles fueron esas “circunstancias” que no fueron apreciadas cuando se ideó la norma, pero las conocemos: la ofensiva penal contra ciudadanos que expresaron sus opiniones por diferentes medios, el encarcelamiento de tres de ellos, el descubrimiento de que el único caso que se conoce de la aplicación de la Ley Serrano haya sido generada por una denuncia de la esposa del gobernador, la senadora Ruth González Silva, aspirante a sucederlo.
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Tampoco se incluyen en la iniciativa cómo esas circunstancias imprevistas generaron la airada respuesta de organizaciones de protección de derechos humanos y de la libertad de expresión, que vieron en la reforma una herramienta de represión, ni el enojo de un sector de la prensa local, nacional e internacional, que cuestionó la imagen del gobierno gallardista.
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Todo esto dejó al gallardismo sin mucho margen para seguir sosteniendo la Ley Serrano. Pero ni en Palacio ni en Vallejo admitirán cuáles fueron las verdaderas causas.
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Debió ser duro para Serrano Cortés atestiguar cómo naufragaba su obra. Por eso, quizá, forzó con calzador su intervención en el evento de ayer, pues fue evidente que no estaba incluido en la lista de participantes.
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Grandilocuente, el diputado asumió la “responsabilidad histórica” de la reforma y afirmó que el tiempo le daría la razón, pues su reforma sería la base de una regulación local y nacional. Pero por lo pronto, la Ley Serrano está ya en el basurero de la historia.
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Y aunque renegó constantemente de que la reforma fuera bautizada con su nombre (el señalamiento a este medio de haber acuñado un término que acabó popularizándose, fue un reconocimiento involuntario al grado de penetración que tiene este diario), hasta el diputado acabó refiriéndose a ella como Ley Serrano.