Cuando la transparencia administrativa funciona, es tan lenta que hay casos que prescriben, lo menos que se espera es que los funcionarios de seguridad pública multados recientemente, promuevan algún juicio de amparo o mínimo encuentren alguna salida legal para escurrirse de las sanciones. Hace 17 años, las acciones de transparencia eran tan rápidas, que los servidores públicos llegaron hasta a comprometer bienes en especie para pagar las sanciones por negarse a informar. A este paso, al gobierno estatal en funciones, le llegarán las sanciones por la falta de transparencia dentro de 30 años, si bien les va a los peticionarios, o tal vez nunca se transparente el caso de Sandra Sánchez Ruiz.
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Para aplicar sanciones al general retirado Arturo Gutiérrez García, funcionario del entonces gobernador Juan Manuel Carreras López, el resolutivo tuvo que ser aplicado hasta la llegada del actual titular del órgano garante de transparencia, José Gerardo Navarro Alvizo, electo como presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) este año. Si el propio Navarro estuvo de acuerdo con las sanciones hasta 8 años y medio después, lo cierto es que para el gobierno en turno, y a este paso, la transparencia se resolverá cuando un bebé recién nacido cumpla los 35 años, y ya hasta descendencia tenga. Por entonces, Navarro Alvizo y su gobierno en turno ya estarán muy lejos.
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El paso de la tortuga comenzó a preocupar cuando David Enrique Menchaca Zúñiga, presidente del organismo autónomo de 2020 a 2024, nunca avanzó en la investigación, y le siguieron con el tortuguismo Paulina Sánchez Pérez del Pozo de 2018 en adelante, y Alejandro Lafuente Torres de 2016 en adelante, para no avanzar en un expediente iniciado por la por entonces ya presidenta saliente Yolanda Camacho Zapata, quien a estas alturas ha de estar sorprendida de la lentitud con la que fue resuelto el proceso contra el exfuncionario. A todo ese periodo habrá que sumar todos los años de salarios cobrados por los comisionados, que son mucho más altos que el monto de la multa que da risa. Con ese recurso no se alcanza a pagar ni siquiera la gasolina de la Cegaip.
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Un gobierno violento, de mala educación, incompetente y de manejo dudoso del erario, es la herencia de Andrés Manuel López Obrador como sello de su falsa izquierda, la que en el nombre de la justicia social, acabó con el sistema de salud, con la seguridad pública y el desarrollo económico, si a eso se le llama izquierda, es un modelo de gobierno engañatontos. El sexenio dejó en San Luis Potosí una de sus más profundas huellas en la desaparición de personas, fue el gobierno de los abrazos y no balazos contra la delincuencia, aquella que roba, extorsiona y envenena jóvenes, fue el gobierno violento que mintió una y otra vez y en la cara de la gente presumió con cinismo que no ayudaría a revertir los efectos de la inseguridad. Ni modo. Aunque Andrés Manuel tenga otros datos, no puede tapar el sol con un dedo.
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Y a propósito del sistema de justicia, muy flaco favor le hace la pretendida destrucción de la autonomía del Poder Judicial, a la seguridad jurídica. Se debe advertir que la mayor parte de la inversión industrial de México es estadounidense, y si se pierden las garantías para hacer valer los recursos legales en un caso de controversia donde se presuma una injusticia, es probable que también se vayan las inversiones a otro país, y el gobierno mexicano sea incapaz de recuperar las fuentes de empleo. Así, ni alzando los impuestos a cantidades estratosféricas, podrá continuar con sus programas clientelares de reparto de dinero por ser joven, por ser anciano, por ser persona con discapacidad, o por dejar de estudiar y trabajar. Ya no habrá más gente productiva a la cual sangrar para comprar votos.
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¡¡HASTA MAÑANA!!