La actual Legislatura arrastró el poco prestigio que le queda en aras de proteger a toda costa la infame Ley Serrano.
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Su área de Servicios Parlamentarios torció la normatividad que rige el procedimiento de la presentación de iniciativas, un derecho garantizado para los ciudadanos, con el propósito de bloquear descaradamente la obligada canalización a las comisiones respectivas.
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El blanco fue una propuesta de Artículo 19 y varios periodistas locales para derogar la reforma promovida por el legislador Héctor Serrano Cortés. No se trata de una reforma, sino de lograr la desaparición de los artículos que criminalizan ciertos usos de la IA y que ya sirvieron para enviar a dos creadoras de contenido a la cárcel.
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La iniciativa cubría todos los requisitos legislativos requeridos, incluyendo el de establecer expresamente que se trataba de una iniciativa que buscaba la modificación de una ley ya existente.
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Pero inexplicablemente, la solicitud no fue manejada como una iniciativa, sino como correspondencia ciudadana, que si bien fue canalizada a las comisiones respectivas, no se hizo con la misma premura que si hubiera sido, correctamente, manejada como una iniciativa.
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Esto es relevante porque a este periodo legislativo sólo le queda la sesión de la próxima semana. Luego, los diputados saldrán de vacaciones y, si no se convoca un periodo extraordinario, regresarán hasta septiembre.
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La presentación de una segunda iniciativa, que no arranca de raíz los artículos punitivos de la Ley Serrano, sino que los suaviza, le agrega un dejo de sospecha al actuar del Congreso.
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Y es que aunque les quita filo, le sigue dando dientes al poder para atacar la libre expresión, en la forma de la atribución a jueces para ordenar el retiro del material incomodante.
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Si el Congreso da trámite a esta segunda iniciativa, antes de la que presentó Artículo 19, la posición de los diputados quedará más que comprometida, pues confirmaría la maniobra para mantener la reforma, diluida, pero aún en el Código Penal.
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Eso si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dispone otra cosa, y vota a favor de la controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la reforma.
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Pero en tanto eso sucede, la mancha en el Congreso, otra, será imborrable.
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El alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres, llegó a los titulares nacionales, pero por los motivos equivocados.
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A saber por qué consideró buena idea convocar a una celebración del Día del Padre a los varones del municipio, que tendría, además de comida y bebida, la presencia de “chicas buena onda”.
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Se acabó de enterrar al pedir que no se llevaran a la fiesta a menores de edad, lo que dejó en claro el tono que tendría el festejo.
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Ahora, su nombre está en la conversación nacional, pero en medio de críticas por lo que se consideró una invitación indebida.