Parece que en el gobierno estatal, la narrativa sobre los problemas de inseguridad en el estado està derivando en el reparto de culpas.
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Durante dos días seguidos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha presentado señalamientos muy críticos en contra de las corporaciones municipales, señalando anomalías como que no han utilizado debidamente vehículos policiales entregados por su administración, que no se han cubierto las plazas policiales certificadas hasta llegar a señalar un incumplimiento generalizado de sus tareas a 49 ayuntamientos.
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La serie de críticas coinciden con la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ubicó a 2025 como el año de mayor incidencia criminal desde que inició el conteo en 1997. Más de 60 mil denuncias.
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No solo eso, sino que esa tendencia alcista coincide con el lapso que ha transcurrido de este gobierno.
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Parece evidente que, sin decirlo abiertamente, se busca encontrar un chivo expiatorio al cual descargarle la responsabilidad.
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Ayer, el Periódico Oficial del Estado publicó un acuerdo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) en el que se informaba de la inhabilitación temporal, de tres meses, a la empresa Constructora y Edificadora Bares de la Huasteca y a su apoderada legal, Adriana Romero Mejía.
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El documento señala que lo anterior se derivó de un procedimiento de responsabilidades administrativas, el RA-48/2024/2, que concluyó en agosto del año pasado.
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Ante esto, la empresa estaría inhabilitada de realizar algún negocio con dependencias oficiales por el periodo señalado, a partir de hoy.
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No se menciona la anomalía cometida por la particular y la empresa, pero no es la primera vez. Ya había sucedido con instancias federales.
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No se precisa si las anomalías fueron recientes, pero aparecen contratos del gobierno estatal, otorgados por el gobierno de Juan Manuel Carreras López.
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Aunque la empresa está registrada aquí, sus propietarios son tamaulipecos, relacionados con el gobernador Américo Villarreal.
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En medios de esa entidad se destaca la bonanza que ha vivido la compañía desde que ese gobierno está en funciones.
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En columnas de diarios nacionales, el tema de la “Ley Gobernadora” resurgió. Salvador Camarena, en El Financiero, y Salvador García Soto, en El Universal,
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La tesis, tras el naufragio de la “Ley Esposa” por el veto del gobernador Gallardo Cardona, es que, ante la preocupación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la reforma electoral que promueve junto con Morena se hunda por la amenaza del PVEM de no apoyarla, torpedeando su viabilidad, la cesión del derecho en favor de los verdes, de nombrar las candidaturas de la alianza con Morena, incluyendo San Luis, es más que posible.
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Votos en San Lázaro matan Ley Antinepotismo.