La decisión del gobierno del estado de cesar el financiamiento de cuotas para que sus burócratas reciban servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió otro frente con un sector de sus trabajadores.
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Sin embargo, parece que ninguna de las partes ha arrojado la luz necesaria para determinar el alcance de la medida.
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Obviamente, tanto el gobierno como los sindicatos mayoritarios tiran para sus respectivos intereses, pero algunas situaciones chocan con el discurso.
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Por ejemplo, del lado gubernamental, el dicho de que la decisión fue consensuada con los trabajadores, que optaron por abandonar este sistema de seguridad social, choca ante la manifiesta inconformidad de los dos sindicatos mayoritarios, que incluso denuncian que no fueron enterados de la medida.
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Sólo uno de los sindicatos ha respaldado la cancelación, pero es uno de los minoritarios y, por tanto, que da al gobierno mayor margen para negociar posturas favorables.
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En el fondo, la decisión del gobierno del estado se inscribe en un escenario en el que los recortes y restricciones presupuestales son inocultables, pero también el dispendio en obras y acciones consideradas por sectores considerables de la sociedad potosina (aunque enoje al Ejecutivo) como onerosas y de utilidad dudosa.
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Y por lo que toca a los trabajadores, se le atribuyen al servicio del IMSS beneficios que quizá la modalidad del servicio pactada con el gobierno estatal no las cubría.
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De acuerdo a la normatividad del Seguro Social, los burócratas potosinos estaban amparados bajo la Modalidad 38 del Régimen Voluntario.
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Éste término es importante porque se ha escuchado el reclamo de que es una prestación de la que un patrón no puede zafarse, aunque eso sólo ocurre con los patrones que están bajo el régimen obligatorio. En el caso de los gobiernos estatales y municipales, caen en la categoría voluntaria. Es decir, no es una obligación del gobierno proporcionarla.
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Por otro lado, la Modalidad 38 no cubre el total de prestaciones que el IMSS otorga a la mayoría de sus afiliados, sino sólo dos: seguro de riesgo de trabajo y de enfermedad y maternidad.
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Ambos son muy relevantes para cualquier asegurado y perderlo es un asunto muy grave, pero otros rubros como retiro, seguros de vida e invalidez y pensiones no están previstos.
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Sin embargo, no se espera que la razón y negociación desaten este nudo, sino más bien que las relaciones entre el Ejecutivo y un sector importante de la burocracia se polaricen aún más.
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Las promesas del ayuntamiento capitalino de que no habría aumentos considerables en los impuestos que cobraría este año se están empezando a desmoronar. Ahí están los industriales con sus quejas para corroborarlo.
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Vaya poderes de planeación presupuestal que tienen en el Congreso. La consulta indígena que se vieron obligados a rehacer, tras el chasco que hizo fracasar una reforma electoral pasada, costará más del doble de lo previsto inicialmente.
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Si de por sí, los diputados estaban obligados a hacerlo bien esta vez, ahora que se ha revelado su alto costo, deben evitar un nuevo fiasco.
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¡HASTA MAÑANA!