San Luis Potosí no ha sido ajeno de las sospechas en torno a la veracidad de las cifras delictivas que difunde el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y que son alimentadas por las denuncias que se recaban en los estados, en el caso potosíno, la Fiscalía General del Estado.
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En abril y mayo de este año, se registraron varios casos de secuestro de migrantes en Matehuala, que llegaron a superar el centenar
de víctimas.
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El Observatorio Nacional Ciudadano, una organización independiente que revisa las estadísticas gubernamentales sobre la inseguridad, detectó que en los meses posteriores, sólo se registró una fracción mínima de denuncias y de víctimas del delito de plagio, que no reflejó la gravedad de la situación. Al mismo tiempo, la categoría de “otros delitos”, relacionados con esta modalidad, sí reflejaba un incremento considerable.
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A través de una solicitud de información, el ONC determinó que las denuncias de los casos de Matehuala se incluían en esa categoría de “otros delitos”, lo que permitía presumir al gobierno del estado cifras irreales sobre los secuestros.
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También se han observado diferencias muy notorias entre las cifras de denuncias y víctimas de homicidio doloso del SNSP y las de ese delito que consigna el Inegi como causa de muerte de personas, basada en estadísticas del Registro Civil.
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Ahora, se da el caso en el robo de autos. Otra instancia federal, distinta al SNPS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también registra estadísticas delictivas. A diferencia del primero, que difunde reportes mensuales, la segunda lo hace diariamente, lo que le permite tener ya la estadística de agosto, mientras que la del SNSP es esperada a mediados de mes.
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La estadística de agosto marca 377 unidades robadas, una cifra muy por encima del promedio que han registrado el SNSP, vía la FGE, en los 7 meses previos, que tuvo en junio, su cifra más alta, con 150.
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De hecho, la diferencia entre las estadísticas mensuales de robo de autos de la SNSP y la SSPC es muy alta: entre 145.6%, la menor, en mayo; y de 264.2, la más alta, alcanzada en julio.
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En términos absolutos y en los meses en los que se incluyen las estadísticas de los organismos, el SNSP cuenta entre enero y julio 945 autor robados, mientras que la SSPC registra mil 893, un subregistro de casi la mitad en los datos que vienen dela FGE.
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O se están ocultando las cifras deliberadamente o, en el menos peor de los casos, se denuncian menos del 50 por ciento de los robos que realmente ocurren.
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Que las diferencias estadísticas se den en tres delitos tan graves apunta a una estrategia.
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Hace un mes, de manera presuntamente anómala, la Fiscalía General del Estado pospuso una audiencia en el caso del exsecretario de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras López, Miguel Ángel Lutzow Steiner, acusado por la administración de Ricardo Gallardo Cardona, por desvío de recursos.
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Este día se reanuda el juicio oral y lo que más teme el equipo que defiende al médico es que la dependencia que dirige Manuela García Cázares intente repetir la maniobra para detener el proceso.
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Que de nueva cuenta se posponga la audiencia será un indicio de que la FGE se ha convertido en este caso en una herramienta del gobierno estatal para dilatar el proceso.
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¡HASTA MAÑANA!