Mientras que el coronavirus estableció ayer un hito en San Luis Potosí al registrar su día más letal, con cinco víctimas; el crimen organizado cosechó el doble de vidas en una jornada que, por la frecuencia con la que se están presentando los actos delictivos, podría considerarse como normal.
Y mientras la autoridad parece dedicarle toda la atención a una pandemia de origen sanitario, mortal y peligrosa, nadie lo niega, parece ciega ante otra epidemia que los potosinos, y los mexicanos en general, han venido padeciendo desde hace años.
La misma iglesia católica potosina acierta cuando advierte: la pandemia del crimen ha sido olvidada en el ámbito oficial.
La respuesta de la autoridad, más que decepcionar, indigna: “son hechos aislados”.
El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías incurre en un error garrafal al reutilizar como excusa, el fallido argumento que utilizó hacer años el ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga para minimizar las acciones cometidas en su sexenio por el crimen organizado, al que le abrió la puerta a la entidad.
Porque, precisamente, más que explicar, el funcionario intenta ocultar con el término la gravedad de la crisis que ha sufrido San Luis en los últimos años.
Pero hay autoridades que hacen aún menos, como los alcaldes de los municipios en los que se han registrado los asesinatos, marcadamente, el de la capital. Simplemente no aparecen, sino que se esconden bajo la promoción de obras y acciones que si bien son útiles, no opacan la actividad criminal que sufren sus gobernados.
Y el gobierno federal también ha fallado. En San Luis, no se aprecia ningún avance en materia de seguridad ni con la Guardia Nacional ni con la entrega de atribuciones policiacas al Ejército.
Al ser involucrada por varios medios en el escándalo de Invercorp, como contratante de servicios de varias de las empresas del grupo acusado de fraude, la Secretaría de Salud emitió un comunicado de deslinde en el que se cita a la Secretaría de Salud, Mónica Rangel, señalando que la dependencia se maneja con plena transparencia y que todos sus contratos que maneja aparecen publicados bajo las normas de garantías de acceso a la información pública.
La realidad la desmiente. Sólo en febrero, la Secretaría de Salud ocultó los contratos de las once operaciones que reporta ese mes, incluyendo la compra de ambulancias que recientemente se presumieron como un esfuerzo para combatir al COVID, por 25 millones de pesos.
En total, la Secretaría de Salud omitió en febrero transparentar contratos que amparan compras por 48.7 millones de pesos. Y lo peor no es eso, sino que engaña a la ciudadanía al usar diversos mecanismos para evadir la publicación, como señalar que el contrato está en vías de elaboración, cuando la compra ya fue contratada, o, ya de manera muy cínica, presentar una liga que en apariencia abriría el documento en su versión PDF, pero que en realidad es un enlace a la página web de la dependencia, lo que resulta inútil para quien necesita revisar el documento.
La secretaria se duele por el hecho de vincular a la dependencia en un asunto opaco, pero la institución se ha ganado a pulso la desconfianza dadas sus reiteradas acciones para ocultar cómo maneja los recursos públicos.
¡HASTA MAÑANA!