La reducción de la pobreza, una de las banderas de todo gobierno, y el de Juan Manuel Carreras López no fue la excepción, tuvo más claros, es innegable, pero los oscuros son de preocupar. Y mucho.
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Con el final del sexenio ya a la vista, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emite la cartilla de calificación que coincide casi por entero con el lapso del gobernador Carreras López. Son sus resultados.
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De reconocerse, el escalón que bajó en el ranking de rezago social. Estaba en séptimo sitio y se colocó en el octavo, en una tabla en la que lo que cuenta es alejarse de los lugares más altos.
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En gris queda que San Luis Potosí no pudo salir del top ten del rezago social, labor que quedará para la próxima administración.
Y en rojo, está el retroceso en dos indicadores clave del combate al rezago social. El número de menores de entre seis y 14 años, es decir, primaria y secundaria, que no asisten a la escuela estuvo muy cerca de duplicarse.
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Si esto fue efecto de la pandemia de Covid, que dejó a miles de estudiantes en condiciones muy adversas para seguir sus cursos, debería investigarse, pero es un golpe terrible al desarrollo educativo del estado. Igual de importante determinar si se trata de un rezago heredado. Y no hay que olvidar que el actual titular del Ejecutivo estuvo en la SEGE.
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Y también, en el año de la devastadora epidemia de coronavirus, también creció de manera preocupante el número de potosinos que no están inscritos en ningún sistema de salud. De nueva cuenta, determinar las causas es muy relevante.
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¿Se debió a la desaparición del Seguro Popular, ordenado por la Federación? ¿O también es una situación deficiente que se arrastra desde antes?
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Determinarlo será importante, para encontrar la solución a ambos problemas. Pero en el caso de la proporción de personas sin derechohabiencia, muy probablemente se va a politizar. Hay un cuartel de campaña qué está muy ligado al tema y, seguramente, se lo achacarán.
En el asunto de las despensas y su presunto uso electoral, tal vez sea necesario verificar la actuación de los alcaldes.
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Al final, son ellos, según la normatividad, los responsables del último tramo del proceso en el que pasan de una autoridad a la ciudadanía. Antes, el DIF estatal entrega a las presidencias municipales los paquetes alimenticios.
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En un ámbito de desconfianza extendida como lo es el electoral, es necesario vigilar a las dependencias para evitar el juego sucio. Pero es necesario vigilar a todas.