Tal y como ocurrió el año 2003 y particularmente en el periodo municipal del interino Homero González Reyes, el documento maestro de la planeación urbana genera controversia y sin duda, provoca que todos aquellos que busquen defender un derecho alcen la mano para pedir que se les escuche, y que expongan sus razones.
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Por igual han solicitado audiencias o la anuencia para presentar aportaciones habitantes avecindados, ecologistas, ejidatarios, colonos, promotores inmobiliarios, diversos niveles de gobierno, constructores e incluso activistas sociales que dicen defender derechos de personas. Todos expresan niveles de confianza, desconfianza o temores.
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En la experiencia del año 2003, la alcaldía de San Luis Potosí provocó un enfrentamiento legal que pasó a mayores, cuando protagonizaron un encontronazo la representación legal de la Industrial Minera México, la alcaldía y los desarrolladores de fraccionamientos del lado poniente de la ciudad. Por entonces la alcaldía le cambió el uso de suelo de industrial a recreativo al terreno de la empresa.
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En 2020, y a escasas 3 semanas de que venza el plazo establecido por el Instituto Municipal de Planeación para cerrar la etapa de consulta del nuevo plan de desarrollo y el plan operativo, surgen dudas acerca de las alrededor de novecientas hectáreas propuestas como reserva territorial para el crecimiento del área urbanizable de la capital. En proporción, se trata de dos polígonos juntos de la misma extensión territorial del Parque Tangamanga 1, y la mitad de un polígono del parque Tangamanga 2. Visto el polígono en un mapa de la ciudad, es sólo una pequeña extensión del territorio si se considera el acelerado crecimiento de la zona urbana a partir de su desarrollo industrial.
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Quienes tienen la película completa son precisamente los empresarios, porque son los únicos que entienden el tamaño del crecimiento y el ritmo. Los políticos suelen actuar a conveniencia, defendiendo su honor ante el público o inclinándose por aquellos que piensan que tienen la razón. Basta un estudio técnico de las observaciones de los inversionistas para dar forma legal a los planes de crecimiento de la ciudad.
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Por otra parte y en lo que se refiere a los manejos financieros del sector público, múltiples instituciones públicas registran en sus libros contables un apartado de pasivos. Estos involucran por igual pago de nóminas, pendientes de gasto corriente para el pago a proveedores e incluso compromisos financieros a mediano y largo plazo.
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Por lo que se refiere a los pendientes de la Secretaría de Salud y otras dependencias públicas del gobierno, los pasivos por igual provienen de compromisos establecidos previamente. Las secretarías del gobierno estatal, incluyendo por supuesto las de área política, educativa de servicios, seguridad pública e infraestructura, generan pasivos por compromisos por pagar, entre los que obviamente se encuentra la nómina y con ella, gasto corriente en proveedores que llegan en determinados periodos con sus facturas, bajo la pena de ser acreedores a multas si no presentan ese documento fiscal en tiempo y forma.
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Preocupante será cuando una larga fila de cobradores ponga en evidencia que no se le paga a tiempo. Si las pólizas son elaboradas con sus respectivos cheques debidamente fondeados para depositar los recursos a los acreedores, entonces el pasivo registrado será únicamente el que se encuentra en listas en tiempo y forma, cosa que no sucederá cuando empiece a haber retrasos en esos pagos consignarlos en el pasivo.
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¡¡HASTA MAÑANA!!