Durante buena parte del sexenio carrerista, uno de los principales focos de escándalo ha sido el modo en que la administración realizaba compras y adquisiciones.
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Y ninguna dependencia ejemplificó mejor esto que la Secretaría de Salud, al mando de Mónica Rangel. Como muchas cosas, la pandemia ayudó a cubrir muchas de las fallas y anomalías de este gobierno. Y también ayudó para incurrir en varias, como el servir de justificante para evadir la realización de licitaciones para adquisiciones, bienes y arrendamientos.
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Uso de empresas fantasma, contratos millonarios a empresas sin aparente experiencia en lo que se estaba adquiriendo y proveedores “favoritos” que siempre ganaron contratos fueron algunas de las situaciones polémicas en los procesos de compras de la dependencia.
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Y ahora, el Inegi revela dos cosas muy llamativas sobre las compras gubernamentales. La primera es que, en comparación con otros estados, San Luis compró muy poco: menos de 600 millones de pesos. ¿Austeridad? ¿O las compras se realizaron en otro canal, que no las contabilizó?
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Además, el porcentaje de licitaciones tradicionales fue mínimo, 2.2%, según las cuentas del Inegi. Pero lo sorpresivo es que no es la adjudicación directa el método más utilizado para las compras estatales, aunque sí se lleva una buena tajada del presupuesto.
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La Ley de Adquisiciones del Estado prevé sólo tres métodos de compra de bienes y servicios: licitación, invitación restringida y adjudicación directa.
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Sin embargo, el 51% de las compras se realiza bajo el nebuloso concepto de “otros” mecanismos. ¿Cuáles son? ¿Por qué se utilizan? ¿Son rastreables? ¿Quedan pruebas documentales de los procesos? ¿No se desvió ese dinero? La respuesta del gobierno estatal es obligada.
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Y una respuesta clara, no como las contestaciones nebulosas, imprecisas y hasta contradictorias que dieron la Oficialía Mayor y la Secretaría General de Gobierno en torno a por qué se disparó la contratación de empleados de confianza y creció la de sindicalizados entre 2015 y 2020.
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La fracción parlamentaria del PAN en el Senado se colocó a sí misma en un escándalo al darle la bienvenida a Sebastián Abascal, líder del ultraderechista partido español Vox, cuya agenda va en contra de muchos de los avances democráticos recientes.
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Además de la reunión, los panistas firmaron un acuerdo para “luchar contra el comunismo” en América Latina. El gesto le ganó a la fracción críticas hasta de militantes panistas y aliados anticuatrote.
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En el comunicado oficial aparece la imagen del senador potosino Marco Gama, que muy meticuloso, signaba el documento.
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Todos esperando las resoluciones finales en la elección de gobernador y la turbulencia surgió de la del Congreso.
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La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación causó un sismo al quitarle una diputación a Morena para dársela al Verde y además dejar fuera de la próxima Legislatura a Eugenio Govea.
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Curiosamente el argumento de la igualdad de género, que se aplicó al partido naranja, estuvo ausente en la impugnación de la curul del exsecretario general, Alejandro Leal por parte de Marta Rangel, que busca ese asiento pluri.
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Todo podría explicarse porque en la víspera, una personalidad muy relevante en el Palacio de Gobierno viajó a Monterrey para plantear a los magistrados que la permanencia de Leal en el Congreso era “razón de estado”.