Las conductas intimidatorias bajo diferentes técnicas, suelen ser herramientas a las que recurren algunos políticos que forman parte de las noticias diarias de los medios de Editora Mival (Pulso y San Luis Hoy).
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Por decisión de algunos de ellos, su respuesta es infamante contra los periodistas por ejercer su derecho a la libre expresión y auxiliados por redes de complicidad, emprenden demandas por supuestos daños con la pretensión de cercenar un derecho fundamental para los reporteros.
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Las campañas infamantes provienen de personas ligadas a la política muy identificadas y el segundo, de servidores públicos que pretendían obtener un lucro de situaciones que forman parte de información apoyada debidamente en fuentes y en apego a la normatividad local e internacional.
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Los casos más frecuentes de demandas infundadas contra esta casa editorial, que pretendían imponer un yugo a la libertad de expresión, surgieron de destacados militantes del Partido Verde: Manuel Barrera Guillén quien pretendía obtener 10 millones de pesos a partir de dos informaciones publicadas, relacionadas con la vida partidista y su situación patrimonial.
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Otro demandante es su hermano Fernando, quién pretendía lucrar con una indemnización de 10 millones de pesos. Ninguno de los dos demostró con pruebas los motivos de sus demandas y ambos fueron condenados a pagar más de un millón de pesos por promoverlas.
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Lo mismo sucedió con el diputado también del Verde, Edgardo Hernández Contreras, quien también perdió y fue condenado a pagar una suma millonaria por la misma causa.
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En el caso de Abraham Payán Torrescano, funcionario de la Auditoría Superior del Estado (ASE), buscaba obtener 5 millones de pesos promoviendo un juicio por supuesto daño moral.
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En todos los casos, se hizo valer la vigencia de convenios internacionales de libre expresión y la legislación que la garantiza en sus diferentes niveles, como parte de la garantía del derecho a la libre cobertura de información y de la libertad de opinión sobre asuntos estrictamente de interés público.
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Es tiempo para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que contraen aquellos que buscan un cargo en la administración pública ya que por el sólo hecho de ser funcionarios están sujetos al escrutinio social y por lo tanto, obligados a la rendición de cuentas.
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Pretender coartar la libertad de expresión mediante procesos judiciales, campañas infamantes, cohecho, amenazas o agresiones directas a periodistas, es una señal inequívoca de que las pretensiones de ese o esos servidores públicos en el ejercicio de su encargo, no llevan la ruta correcta que los ciudadanos esperan de ellos.
La función de los medios de comunicación es mantener a la ciudadanía informada, para que a través de la cobertura diaria de noticias y difusión de corrientes de opinión y en un ejercicio democrático, sea posible contener las acciones irregulares de los servidores públicos.
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Ya empieza a dibujarse el que pudiera ser el estilo de gobierno de Joe Biden para Estados Unidos. En México, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue de desconfianza y de silencio, después de jugar sus fichas con Donald Trump, precisamente el mandatario de aquel país que obligó a la empresa Ford Motor Company a retirar su inversión multiplicadora de San Luis Potosí.
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Por la recuperación de la ruta de colaboración internacional, al menos desde el lado empresarial, el escenario para San Luis Potosí es que se mantenga en el ritmo actual de crecimiento.
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¡HASTA MAÑANA!