En un hecho que muy probablemente sea inédito, un grupo de diputados locales presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir las reformas a la Ley de Transporte del Estado presentadas para entorpecer el funcionamiento de la plataforma Uber en San Luis Potosí.
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Conocida genéricamente como Ley AntiUber, las modificaciones legales hechas a esa Ley y al Código Penal, para que las autoridades procuradoras de justicia persiguieran de oficio toda eventual infracción a las modificaciones, la decisión legislativa estuvo siempre rodeada de controversia.
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Desde las anomalías en el proceso que realizó el Congreso hasta la presión ejercida por grupos de taxistas a los que beneficiaba frenar al popular servicio de transporte mediante una plataforma de internet.
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El texto enviado a la SCJN describe un proceso amañado e ilegal, que pone en entredicho el funcionamiento del Legislativo. De proceder una decisión que revierta la reforma, el Congreso potosino estaría frente a un escándalo mayúsculo.
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Depende de la solidez de la denuncia, y también el apoyo que tenga. La copia del documento al que accedió Editora Mival no presenta los nombres de los diputados que la promueven, pero señala que es “supera el 33%” de la Legislatura.
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Esa cifra puede ser de nueve diputados en adelante, aunque se especula que son 14, de todas las fracciones. De ser ésta última cifra la correcta, significaría que habría algunos legisladores que se arrepintieron de su voto, pues la propuesta votada en septiembre, en una álgida sesión, pasó con 17 sufragios.
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En todo caso, la controversia refleja también el grado de división que existe en esta Legislatura, por si no tuviera ya bastantes problemas.
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Hablando del Congreso, el vicepresidente de la Junta de Coordinación Política Mauricio Ramírez Konishi hizo malabares para evitar admitirlo, pero lo dijo: el Legislativo aumentó 54% la partida para pagar a asesores y colaboradores contratados a discreción de los diputados.
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De forma confusa, aseguró que la partida es una previsión para el ejercicio fiscal 2020, pese a que los documentos del Congreso señalan que se hizo efectiva
en septiembre.
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Y agrega que su propósito es no aumentar trimestralmente la partida. Es decir, un aumento enorme para evitar aumentos parciales.
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En todo caso, la extraña explicación no justifica el abuso con el erario que está cometiendo esta Legislatura.