Ayer, tras conocerse la información sobre el incremento de los pasivos estatales en más de tres mil 255 millones de pesos en un año, lo que dejaba el total de obligaciones financieras en casi 12 mil millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó en tajantes y airados términos la nota sobre el incremento, señalando que no había tal incremento.
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Ello pese a que los datos financieros que alimentaron el texto periodístico procedían del último reporte de la propia cuenta pública de su gobierno, que está obligado a entregar al Congreso.
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Ningún servidor público está obligado a coincidir, e incluso a que le guste, la información periodística derivada de la cobertura de su función. Y desde luego, tiene el derecho a contrastar esa información. Gallardo Cardona prefirió hacerlo con reclamos antes que con datos.
Consultada al respecto, la Secretaría de Finanzas sí ofreció datos, pero no sobre los que se le cuestionó. En esencia, indicó que esta administración tiene suficiente liquidez para saldar cualquier pasivo de corto plazo que enfrente y que su salud financiera es mejor que la del gobierno de Juan Manuel Carreras.
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Sin embargo, la dependencia no rechazó que en un año, los pasivos estatales se hubieran incrementado 27.3 por ciento. De hecho, confirmó parcialmente ese incremento al recordar que a finales del año pasado, contrajo créditos quirografarios por mil 500 millones de pesos.
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En suma, que hasta ahora, las autoridades no dieron elementos que erosionaran la certeza de la información sobre el incremento de los pasivos estatales. Pero sí se evidenció la airada reacción a datos que se consideren van a contracorriente del discurso oficial. En un benigno ambiente mediático para las autoridades, es necesario el contrapunto que cuestione el discurso oficial.
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El ayuntamiento capitalino tiene un reto interesante en el asunto de la clausura del un controvertido antro de una cadena que es frecuente escenario de escándalos y hasta hechos violentos.
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Lo acostumbrado era que tras un cierre como éste, el negocio infractor procediera a la reapertura a los pocos días y volviera a funcionar como si nada.
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La intención de buscar la clausura definitiva de este centro de diversión pondrá evidencia el peso y la fuerza del ayuntamiento, concretamente, de su Dirección de Comercio.
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El Congreso del Estado parece no tener remedio. Pese a que ha sido evidenciada la recurrente opacidad con la que maneja la contratación de su personal por honorarios, los diputados insisten en no transparentar la información.
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Tal recurrencia genera desconfianza sobre la legalidad del cuantioso presupuesto que se maneja en ese tipo de contrataciones.
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¡HASTA MAÑANA!