El control de daños que está realizando el gobierno del estado para contener el enojo a la escalada tributaria del control vehicular no está funcionando.
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Esto está obligando a la Secretaría de Finanzas a medidas improvisadas para aminorar el disgusto, como un descuento en el 100 por ciento de las multas, que fue anunciado ayer.
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La defensa no la pudo detener ni siquiera el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en uno de sus entornos favoritos: las redes sociales.
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De acuerdo a lo consignado por la reportera Ana Paula Vázquez ayer en Pulso Online, una publicación del mandatario en su muro de Facebook tuvo que ser retirada ante la oleada de comentarios negativos que generó, con todo y que asegura tener 800 mil seguidores que, reales o no, se han enfrascado en agrias discusiones con los críticos del mandatario.
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En su mensaje, el gobernador aseguraba que la realidad era que San Luis era el único estado en no cobrar tenencia (además de San Luis, la mitad de los estados de la República no la cobra) y en tener placas y licencias gratuitas. El estado sigue siendo, sin embargo, el único que ofrece esa combinación.
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Sin embargo, el mandatario mantenía la falacia iniciada por su Secretaría de Finanzas de que el control vehicular no tuvo incremento, tratando de confundir el concepto tributario con uno de sus rubros, el del “canje anual” o cambio de calcomanía. Al subir el de la renovación de la licencia, automáticamente el concepto amplio aumentaba.
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Y fiel a su estilo, dijo que su gobierno era víctima de “campañas negras” hechas por su monigote favorito: los gobiernos pasados.
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El mensaje fue borrado de la red social tras la lluvia de críticas.
El gobierno gallardista puede utilizar las estrategias que estén a su alcance para tratar de revertir el daño que se causó a si mismo al establecer una política fiscal voraz para este año, pero parece que este 2025, esa imagen cuidadosamente moldeada está presentando fisuras.
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Ya abierta la etapa de organización de la elección de jueces y magistrados locales, resulta preocupante el señalamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en el sentido de que hay tareas pendientes como el de la distribución geográfica de las tareas debido a las diferencias en la división territorial que se maneja para los asuntos electorales y la usada por el Poder Judicial.
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Lo que señala el Consejo queda a plena vista al comparar los mapas en que ambas instancias dividen a San Luis. De inicio, el Ceepac tiene 15 distritos electorales, mientras que las divisiones del PJE, los distritos judiciales, son 13.
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Un ejemplo de las discrepancias está en el Altiplano, el Ceepac tiene dos distritos, el PJE tiene 3.
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Por otro lado, está el traslape de las divisiones geográficas.
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Uno de los distritos electorales del Altiplano, el segundo, incluye a Villa de Arriaga y a Mexquitic, pero desde el punto de vista judicial, se ubican en el primero, asentado en la capital.
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Y ejemplos como este menudean en la geografía potosina.
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El Ceepac y el PJE deberán trabajar muy cuidadosamente para definir una estrategia que combine los dos mapas de una manera que no confunda a la ciudadanía.
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¡HASTA MAÑANA!