A cuatro años de ocurrida la pandemia de Covid, su influencia sigue pesando en el país y en los estados. El reporte de la comisión independiente sobre la actuación de las autoridades en la emergencia sanitaria emite posicionamientos muy críticos, tanto que de plano, achaca cientos de miles de víctimas a la negligencia e incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la epidemia.
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Ningún estado escapó a los perjuicios que dejó el covid, el más grande, la pérdida de vidas. Las entidades tampoco evadieron caer en errores o anomalías.
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Y en el caso potosino, habría que señalar la rampante corrupción en la que cayó la Secretaría de Salud de Mónica Rangel, que de manera inaudita, se aprovechó de la emergencia sanitaria para desviar cantidades millonarias.
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Que la exfuncionaria ha sido sancionada penalmente, cárcel incluida, es cierto, pero a la postre, el rigor anticorrupción del actual gobierno se diluyó sin lograr recuperar el enorme monto, que el mismo gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha descrito como escandaloso.
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Qué tanto influyó el inmoral desvío de recursos responsabilidad de Mónica Rangel en que al menos dos mil potosinos murieran de Covid que, en condiciones normales, hubieran sobrevivido, es un pendiente para la historia.
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La Secretaría de Finanzas no se ha asomado desde que el fin de semana pasado se reveló cómo en el primer trimestre de este año se dispararon los pasivos del gobierno estatal al pasar de ocho mil 523 millones de pesos a 13 millones 703.6 millones de pesos en un año.
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Así, la versión del gobierno estatal sobre este incremento y sobre el alza en la deuda quirografaria todavía es desconocida.
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Y a esto se acumula un tercer factor que subirá aún más las obligaciones financieras del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
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Ya se ha mencionado en otras ocasiones: los reportes de la cuenta pública de cada trimestre presentan en la sección de pasivos un asunto achacada a administraciones anteriores, concretamente del gobierno de Juan Manuel Carreras López, que se ha convertido en una papa caliente financiera.
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Se trata de un litigio con el SAT en el que se regatea el pago de impuesto sobre la renta del ejercicio 2016, en el que la autoridad fiscal exige el pago de mil 172 millones de pesos.
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El asunto aumentaría a casi 15 mil millones de pesos el pasivo del gobierno estatal, una cifra monstruosa que difícilmente se puede ignorar. Pero en la Secretaría de Finanzas lo hacen.
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¡HASTA MAÑANA!