Aquel controvertido anuncio de la “amnistía” a la “Mafia del Poder” que todavía en campaña hizo el entonces candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, parece estarse diluyendo.
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El encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga es un hecho inédito, que toca al primer
círculo del ex presidente Enrique Peña Nieto, incluyendo al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.
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La trama de “La Estafa Maestra” está cobrando su tributo al anterior gabinete federal y, al menos hasta ahora, pone a la lucha anticorrupción como una de las acciones más significativas de la 4T.
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Lo que ocurre a nivel federal, sin embargo, presenta un alto contraste con lo que ocurre en el estado. Y sobre eso, el notario Eduardo Martínez Benavente pone la lupa de manera muy oportuna, al recordar la absoluta sequía de resultados en el combate a la corrupción en San Luis.
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El ex frenteciviquista recuerda las tres últimas administraciones municipales, pero el abanico es más amplio: la “Ecuación Corrupta”, la desastrosa Auditoría Superior del Estado bajo el control de la José de Jesús Martínez Loredo, las trapacerías de varias administraciones municipales del interior y las anomalías registradas en varias administraciones estatales.
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De estos casos, no ha habido sanciones y las recuperaciones han sido mínimas en comparación a los montos involucrados.
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Y por si eso no fuera suficiente, el Sistema Estatal Anticorrupción vuele a ser exhibido, ahora en Estados Unidos, por la carencia absoluta de financiamiento, lo que a su vez es derivado de la desastrosa gestión para echarlo a andar.
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San Luis Potosí sigue esperando el equivalente a la detención de Rosario Robles, pero las autoridades siguen quedando por debajo de esas aspiraciones.
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El currículum del titular del penal estatal de La Pila es amplio en el rubro de experiencia laboral, que incluye cargos en los sistemas penitenciarios de Guanajuato, la Ciudad de México, Tamaulipas y Puebla.
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Sin embargo, también presenta una deficiencia importante en materia de estudios profesionales. Aunque el CV señala que es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no tiene manera de comprobar esos estudios, pues no tiene archivados ni copias del título del funcionario ni de su cédula profesional, Ni siquiera el número de ésta pudo proporcionar a la diputada Beatriz Benavente.
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Más serio es que sus datos no aparezcan en el Registro Nacional de Profesionistas, instancia obligada para cualquiera que pretenda demostrar que cursó estudios profesionales.
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El gobierno del estado y el funcionario están obligados a demostrar que existen los comprobantes de esos estudios, o de actuar en caso de que no puedan hacerlo.
¡HASTA MAÑANA!