La presión sigue incrementándose para la Secretaría de Salud estatal, y no es solo por la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus. El asunto de los contratos otorgados por la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez a polémicos proveedores está presentando ramificaciones inesperadas que dibujan un preocupante panorama sobre la honestidad del manejo de los recursos públicos en esa dependencia.
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No se trata ya nada más de la controversial relación con el empresario Gabriel Salazar Soto y su imperio financiero roto, de donde están saliendo cada vez más aristas que apuntan a irregularidades, por más que la funcionaria diga lo contrario.
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Y ahora, en una espléndida revelación periodística, Juan José Rodríguez expone la conexión entre la dependencia y eslabones de una trama de corrupción foránea.
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No fue poca cosa el escándalo de “La Estafa Maestra” en Baja California, en la que, en una copia casi exacta del esquema de la trama nacional de corrupción del mismo nombre, más de mil 200 millones de pesos fueron desviados a empresas “fantasma” por servicios igualmente dudosos.
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Que dos de esas empresas hayan sido beneficiadas con millonarios contratos otorgados por la Secretaría de Salud para nebulosas tareas que bien podrían haber realizado otras instituciones locales por una cantidad inferior a la suma pagada es un hecho preocupante.
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En San Luis Potosí ya se conoce el alcance de relación entre despendencias y funcionarios deshonestos con empresas “fantasma”. Los hechos han sido probados, aunque no castigados como se debe.
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Los involucrados en esas maniobras oscuras siempre se han declarado inocentes y han clamado haber actuado de manera correcta.
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La secretaria utilizó la misma táctica, pero el hecho de que documentos oficiales de la propia dependencia comprobaran que sí hubo tal relación, implicó un golpe a su credibilidad.
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Por lo dicho recientemente por el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, en el sentido de descalificar los señalamientos y victimizar a su compañera de gabinete con la carta de la violencia de género, es evidente que la apuesta oficial es defenderla.
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Pero las evidencias se acumulan y encarecen bastante ese apoyo. Quizá la administración estatal deberá reevaluar la continuidad de esa decisión.
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Aunque en las cifras locales, la pandemia de coronavirus roza los mil casos positivos en San Luis Potosí, las cifras federales tenía registradas mil 026 contagios. También hay discrepancias en el número de fallecimientos, registrándose más a nivel local.
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La pandemia ha madurado y se enfila a su etapa más peligrosa. Pero los potosinos siguen sin saber cuáles son las cifras correctas.
¡HASTA MAÑANA!