Un automovilista en sus cinco sentidos jamás se pasaría un semáforo en rojo, mucho menos si ello implicara meterse a una calle transitada y, por tanto, con muy altas probabilidades de causar un accidente.
Pues bien, la autoridad federal parece empecinada en meter al país en el equivalente sanitario de pasarse una luz roja en un crucero congestionado.
El semáforo de riesgo del COVID-19 que regirá en el inicio de la “Nueva Normalidad” pone a la entidad en una fase máxima para el estado, al igual que otras 30 entidades.
Además, las proyecciones estatales sobre el avance de la pandemia pronostican que el pico de casos se alcanzará 15 días después de que miles de trabajadores vuelvan a la calle.
En esas circunstancias, el sentido común dicta que la estrategia más conveniente es procurar que el menor número posible de personas vuelva a la calle.
El sentido económico, sin embargo, se impuso en sentido contrario. Y no de manera del todo injustificada. La cuarentena ha sometido a la penuria económica a miles de potosinos, a los que les urge regresar a sus actividades productivas.
Pero mientras que la opción económica apuesta por pesos y centavos, la sanitaria privilegia vidas.
Y es que, de repente, resultó que la lucha contra la pandemia de coronavirus no era la única crisis que se desató en el estado.
La racha criminal continúa imparable y ante ella, de todos los frentes que deben combatirla, no tenemos más que pretextos.
Se le suma el derrumbe financiero de Invercorp, el Unicrer del siglo XXI, desató, como aquel escándalo, un problema para el Ejecutivo. Y por partida doble.
El Palacio de Gobierno no sólo deberá lidiar con los inversionistas presuntamente defraudados y sus demandas de justicia, devolución de lo perdido y castigo a los responsables.
También deberá atender las acusaciones que se le hacen a su Secretaría de Salud, que ya está en el ojo del huracán.
El diputado Óscar Vera Fábregat podrá haber revelado una cínica verdad sobre la forma que trabaja el Congreso Potosino, pero fue muy descriptivo.
Les pasó de noche a los legisladores la aprobación de polémicas normas contenidas en la reforma educativa.
A confesión de parte, dicen, relevo de pruebas.
De “hechos aislados”, el secretario general de gobierno Mario Leal Tovías pasó a considerar los sangrientos episodios que ha vivido la capital como consecuencia de una situación muy concreta: los grupos delictivos se están disputando los puntos de venta de su producto a causa del cierre de sitios de distribución.
Mismos que, por lo que dijo el funcionario, están muy identificados.
De cualquier modo, el cambio de explicación no mitiga en nada la percepción de abandono de la ciudadanía ante la actividad delictiva.
¡HASTA MAÑANA!