Una conferencia que de manera automática se transformó en un homenaje al comisario Miguel Naya Guerrero, reveló una realidad de la seguridad pública que no todo mundo parece dispuesto a reconocer. La seguridad pública es insuficiente, el estado de fuerza también y la condición de comunidad segura, precisamente, lo que requiere es un estado de fuerza de cobertura amplia. Sin embargo, el diseño de todo el sistema de justicia hace lo propio para no garantizar el llamado a cuentas por los delitos que agobian a la ciudad. Basta con echar un vistazo a la materia de la investigación del delito para entenderlo.
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La conferencia de Miguel Naya, de alguna manera es un resumen de lo hecho. Naya Guerrero es reconocido a nivel nacional como uno de los jefes policiales que mejor mapearon el contexto de la seguridad de su época, de su tiempo y su territorio. Fue él quien consideró que un policía capacitado ofrece mejores resultados. También, lleva tras de sí una trayectoria de conseguir de dos exgobernadores un presupuesto nunca antes visto para invertir en la materia de seguridad. “No nos negaron ni un peso para invertir”, decía Miguel Naya en aquella trayectoria que bien se podría contar en una crónica desde la primera computadora hasta el centro de vigilancia remota, desde que Alfonso de la Torre Acolcer les prestó la primera computadora, hasta que el comisario dejó como legado el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), el primero de tecnología avanzada, al concluir el gobierno de Fernando Silva Nieto.
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Fernando Schütte Elguero, quien fue titular de Desarrollo e Integración Institucional de la Comisión Nacional de Seguridad (2013-2016), confirma lo ya revisado por el comisario Naya Guerrero, pero a la vez agrega que la impunidad es más sintomática cuando el estado pierde autoridad para combatir el crimen, por aquello de los abrazos y no balazos a la delincuencia, decretados de facto por el expresidente López Obrador desde las campañas de 2018. Y es cierto. Aparecieron como hongos gobernantes de perfil cuestionado y nuevos ricos, de aquellos que gustan del conflicto como actividad rentable.
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Del lado del Ayuntamiento, hay ciudades del país que agregan a su Ley de Ingresos el cobro del alumbrado público desde hace más de 25 años. Por primera vez, San Luis Potosí incluye un cobro por este servicio. Según se sabe, se trata de una cantidad de unos cuantos pesos, pero que ya forman parte de un gravamen como pago de derecho. El cobro fue planteado por la Tesorería desde antes de poner a consideración de la Comisión de Hacienda del Cabildo el nuevo ingreso.
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El punto es que una vez iniciado el cobro, ya será un cobro para los contribuyentes que existirá y cada alcalde lo cobrará al precio que quiera y según le autorice el Congreso. El proyecto de dictamen de la alcaldía de la capital llama la atención y con toda seguridad habrá diputados que van a respingar y quizá echen para abajo la propuesta. Sin embargo, hay quienes han encarecido hasta la transparencia administrativa y le han subido hasta 100 veces el valor a cada papel fotocopiado, o aquellos que suben el precio del agua, le aumentan al Impuesto Predial, elevan de manera exponencial las multas o generan nuevos cobros que los diputados autorizaron porque ni siquiera leen los dictámenes.
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Para muestra de esto último, vale la pena recordar el proceso con el que los diputados locales autorizaron la reforma judicial. Si bien hay algunos que literalmente y con conocimiento de causa vendieron su voto a pesar de ser abogados, otros lo cambiaron por un plato de lentejas expresado en un cargo público. Para muestra, dos diputados locales y ahora expriistas. Si así van a aprobar a ciegas incrementos y nuevos pagos de derechos, lo cierto es que los diputados no habrán desquitado su sueldo.
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¡HASTA MAÑANA!