No pasaron ni tres días de que se aprobó la reforma del Poder Judicial del Estado, cuando, a través del partido Verde Ecologista de México, tuvieron que modificarse los rubros que provocaron una situación inverosímil: que la bancada de Morena votara en contra de la iniciativa enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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El desfase entre lo modificado por la Federación y lo que envió el mandatario potosino, de acuerdo a militantes morenistas, fue informado a las dirigencias nacional y local del partido guinda.
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No se descarta entonces, que desde el Centro se haya echado a andar el proceso de modificación temprana que, entre otras cosas, cambia la naturaleza del ente que impartirá justicia dentro del PJE.
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Originalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial sería unitario, es decir, recaería en una sola persona. Con el cambio de ayer, se vuelve colegiado, con la participación de tres integrantes.
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Ese fue el principal “ajuste” realizado para evitar no sólo el desacuerdo con el gobierno federal y con Morena, sino para evitar una controversia constitucional.
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Fueran intencionales o errores en el diseño, esta reversa no deja muy bien parado al promotor de la iniciativa, el Ejecutivo.
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Ayer por la noche se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que extingue seis órganos autónomos federales, entre ellos, el INAI.
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El decreto de la Segob también le pone un plazo a la desaparición de los órganos de transparencia estatales: 90 días a partir de hoy. Con ello, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública no pasará de marzo.
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Y sobre los casi titulares de los órganos, en el caso del potosino casi recién nombrados, sólo se menciona que concluirán sus encargos.
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Lo peor es que el decreto transfiere a los estados la responsabilidad de hacer respetar el derecho ciudadano a la transparencia. En caso potosino, a uno de los gobiernos más opacos de la historia. Una verdadera tragedia.
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Ayer en el evento del Día de Policía, el gobierno del estado reconoció a varios elementos de las corporaciones estatales por antigüedad en el servicio y por la participación en acciones destacadas.
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Entre ellos estuvieron varios agentes que fueron premiados por su intervención en acciones armadas en contra de elementos de la delincuencia organizada, en los que se mencionó hubo hasta muerte de objetivos; o fueron parte de los operativos de captura de blancos criminales.
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Los agentes fueron plenamente identificados por sus nombres y aparecieron en el evento que fue difundido por las redes sociales del gobierno estatal.
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El premio no se puede controvertir, deben estar validados y seguramente hay merecimientos de todos los elementos reconocidos.
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En donde se generan reservas es en la exposición pública de sus identidades, que los pueden exponer a algún tipo de represalias contra ellos o sus familias.
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Existe un antecedente lamentable de este peligro. En octubre de 2009, el gobierno de Felipe Calderón homenajeó a un marino que perdió la vida en el operativo de captura en el que murió el capo Arturo Beltrán Leyva, identificándolo plenamente.
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Días después del hecho, un comando delictivo atacó a los familiares del marino caído, asesinando a su madre e hiriendo a otros parientes. Desde entonces, el gobierno federal cuida mucho las identidades de los elementos que tienen acción directa contra el crimen organizado. Quizá sea prudente copiar la estrategia.
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¡HASTA MAÑANA!