Cuesta trabajo entender por qué razón persisten malas prácticas en algunas dependencias, heredadas por titulares que pasaron por el cargo con más pena que gloria. En esta ocasión nos referimos a la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual ha sido catalogada como la más opaca del país, nada más y nada menos que por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por una razón que sólo la fiscal Manuela García Cázares ha de saber, y a lo mejor ni ella, la Fiscalía se negó a proporcionar la información referente a los agentes del Ministerio Público que trabajan en la institución. Usted se preguntará, ¿y para qué quiere el Inegi datos sobre los fiscales? Pues sólo para la elaboración de su censo especializado sobre el sector, el llamado Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE).
Es el cuarto año consecutivo en que la Fiscalía potosina niega la información al Inegi y, al igual que en 2023, se posicionó como la autoridad estatal de procuración de justicia más opaca del país. Una vergüenza sin razón explicable. Ya en octubre del año pasado, Pulso informó que, bajo la justificación de que se trata de información reservada, el entonces fiscal José Luis Ruiz Contreras no compartió con el Inegi dicha información. Así se mantuvo de 2021 a 2023 y ahora nuevamente se repite la situación.
Fue el propio Ruiz Contreras quien estableció esta errada política, pues en los reportes anuales del CNPJE entre 2016 y 2020, cuando el titular era Federico Arturo Garza Herrera, la Fiscalía dio cuenta sin ningún inconveniente de la mencionada información. ¿Qué le preocupaba a Ruiz Contreras? Aparentemente nadie lo sabe, y resulta por demás inexplicable si se toma en cuenta que las demás fiscalías estatales sí entregan sus datos.
La actual fiscal María Manuela García Cázares dijo entonces que desconocía por qué se habían reservado los datos y hasta aseguró que para la edición 2024 ella sí los entregaría, una promesa que no cumplió. En fin, ya le tocará a la funcionaria explicar cuáles son los motivos de la negativa a dar los datos.
Y pues como que la Fiscalía no pasa por su mejor momento, ya que también la Coparmex, en voz de su presidente Luis Gerardo Ortuño, llamó la atención acerca del atraso del 93.3% en el procesamiento de carpetas de investigación.
El empresario hace notar que, por si fuera poco, la mayor parte de los delitos simplemente no se denuncian, ya que la gente no le ve caso. Y tomando en cuenta el atraso en las carpetas de investigación, tienen razón, ¿no?
Ortuño Díaz Infante es severo y no se tienta el corazón para señalar que la entidad atraviesa por una crisis estructural en la procuración de justicia. ¿Habrá alguna salida en el futuro cercano? No lo parece.
Empleados de la alcaldía de Villa Juárez acudieron a la capital para buscar apoyo, respaldo y asesoría. Señalan que su patrón, el Cabildo en pleno, no les paga ni siquiera lo mínimo establecido en la ley, y quienes se quejan han tenido que enfrentar acoso.
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