El Instituto Nacional Electoral (INE) está recibiendo críticas por la suavidad de las sanciones contra candidatos infractores que participaron en la pasada elección judicial.
En especial, los que aparecieron en las distintas versiones de "acordeones" que circularon en todo el país, en los que se vinculaban a los aspirantes con un partido o un gobierno estatal.
Además, candidatos a magistrados de la SCJN que incurrieron en anomalías y que han sido vinculados al oficialismo fueron sancionados con multas económicas muy bajas.
Aunque sí retiraron de sus cargos a cinco candidatos ganadores, incluyendo a una jueza de primera instancia de San Luis Potosí que había omitido presentar su reporte de gastos.
Aquí, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) va a tener su prueba de fuego con los casos de los 4 magistrados electos del STJE que no cumplieron con el requisito de una calificación universitaria mínima de ocho.
Aunque el largo tiempo de deliberación genera inquietud, el TEE dice que está indagando todas las aristas del caso.
Del fallo que determinen los magistrados electorales depende la credibilidad de la institución.
El ayuntamiento capitalino tiene que ser muy claro en su plan de intervenir varias fincas privadas en malas condiciones, empezando con la casona de Carranza y Tres Guerras.
Porque a primera vista, parece un uso de recursos públicos para beneficiar a particulares que han omitido su responsabilidad de darle mantenimiento a sus fincas.
Es cierto que el abandono de la finca ha generado problemas de seguridad pública y de imagen urbana, pero no queda claro por qué debe el ayuntamiento asumir la responsabilidad de repararla y no presionar y obligar a los propietarios a asumir la responsabilidad.
Igual ocurre con el resto de las fincas que la presidencia municipal ya anunció que proyecta reparar con un esquema similar.
A menos que el ayuntamiento capitalino esté dispuesto a asumir la responsabilidad de reparar toda finca en la ciudad cuyos dueños acudan a pedir el mismo trato, el asunto semeja a la situación en que cayó el gobierno del estado de resarcir el daño que sufrió el propietario de un negocio de artículos de lujo que fue afectado por la delincuencia.
En ambos casos, se trata de una situación inviable, de la que el gobierno estatal hizo el esfuerzo de escapar, pero no logró evitar la controversia.
El gobierno del estado se enfila a un revés legal con su plan de obligar a los municipios a establecer un sistema de pensiones para sus policías.
Al igual que el reciente sinsentido de hacerse de la administración del cobro del impuesto predial de la capital, se va a topar con el artículo 115 de la Constitución federal, que garantiza la autonomía financiera de los municipios.