El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le añade mayor controversia a la elección judicial al legitimar a los candidatos que participaron en esos comicios sin haber cumplido con el requisito de tener un promedio no inferior a ocho en su carrera universitaria.
Al fallar en ese sentido, el Tribunal le salva la cara a decenas de candidatos a los que los comités de revisión de los poderes que los propusieron les permitieron participar sin haber satisfecho esa obligación.
Previamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) les había revocado sus triunfos por ese incumplimiento.
Con su decisión —quizá ajustada a los requisitos técnicos jurídicos— los magistrados abonan a las posturas de los detractores de esos comicios, que critican al proceso por estar lleno de contradicciones y anomalías.
Entre los beneficiados de la decisión están los magistrados electos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que enfrentaban procesos por esa razón ante el Tribunal Electoral local.
Quizá los magistrados locales estaban esperando la decisión de sus pares federales antes de expresar su propio fallo. Alegaban que seguían las indagatorias, pero probablemente esperaban a que quedara clara la línea de actuación dictada desde el TEPJF.
Algunos de ellos enfrentan otras controversias, además de la relacionada con el incumplimiento del promedio, por lo que no podrían darse por salvados.
Pero en general, la impresión es que los impulsores de los comicios y algunos participantes incumplieron con las normas previamente establecidas.
De la controversia generada por el funcionamiento sin permisos de la Arena Potosí, el palenque de la Fenapo y los teatros de los parques Tangamanga, quedaron claras varias cosas.
La primera, confirmada por la propia alcaldía: que trabajan así, sin permisos, gozando de "cierta tolerancia", porque siempre lo han hecho así, es la justificación.
Resulta grave que una autoridad tolere un incumplimiento de sus propias normas, pero aún más que sea otra autoridad la que se beneficie de esa flexibilidad.
Y aunque se habla de que existen dictámenes recientes sobre el trámite de las autorizaciones, nadie ha exhibido alguno públicamente, algo que sería muy conveniente para aclarar la situación, puesto que ya, en respuesta a una solicitud de información, la alcaldía había indicado que no había encontrado alguna autorización.
El gobernador Ricardo Gallardo también se refirió al asunto. Pretextó que había diálogo con el ayuntamiento y sugirió que la falta de permisos estaba "acordada" por un convenio tácito para permitir la omisión. ¿Habrá correspondencia del gobierno del estado?
En ambos casos, el punto central queda irresuelto: dependencias estatales y municipales, cuyos titulares han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, participan en una omisión para violarla.
Mención aparte el señalamiento del mandatario estatal de que existe un intento de enfrentar a su gobierno con el de la alcaldía, cuando él, en múltiples ocasiones, ha sido el detonante de varias polémicas entre ambas instancias gubernamentales.