Parece que no sólo es la crisis generada por la escasez de microchips. La industria potosina perdió rápidamente el impulso que se dio a principios del año pasado. El rebote duró muy poco.
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El Inegi dio a conocer su índice industrial de los estados y a San Luis le va muy mal, pues fue el segundo estado que más retrocedió en su actividad industrial.
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Sorprendentemente, el subsector más golpeado no fue el de la manufactura, con todo y los paros de la industria automotriz, sino la generación de energía.
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Habrá que ver si la contrarreforma electoral impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vino a afectar una industria que en San Luis, con la instalación de parques eólicos y de celdas solares, prometía tener una gran actividad.
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La sorpresa, a medias, a decir verdad, es la construcción. Y es a medias porque si bien es la única rama industrial que tuvo números positivos, en realidad es que no es que tuvieran un avance significativo, sino más bien, no cayó tanto.
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En suma, se trata de un duro golpe a una economía que puso, si no todos, sí la mayoría de los huevos en una canasta.
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Hay que esperar una pronta recuperación del sector, que seguirá siendo la espina dorsal del desarrollo estatal, pero no estaría de más que los sectores productivos y las autoridades revisaran las posibilidades de diversificación de alternativas económicas para evitar golpes de esta magnitud.
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El Congreso se sumó al Poder Judicial en la emisión de medidas para proteger al personal durante esta intensa cuarta ola de contagios.
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De hecho, extendió el alcance al declarar una suspensión más amplia de las actividades presenciales.
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En el Ejecutivo, en contraste, persiste la reluctancia a abandonar las labores presenciales, dejando en el aire las disposiciones en ese sentido.
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A diferencia del Poder Judicial, y de hecho, de lo que el propio Ejecutivo realizaba el año pasado, esta vez no se conoce un documento oficial en el que se plasmen
las disposiciones.
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En 2021, cada medida quedaba establecida en un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, tal como lo hizo en esta ocasión el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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Esta vez, salvo un boletín de prensa de la Oficialía Mayor, en la que se menciona que “algunos casos” podrían derivar en el home office, el Ejecutivo no ha establecido documentalmente los criterios sanitarios bajo los cuales se desarrollará la actividad de
la burocracia.
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¡HASTA MAÑANA!