El señalamiento del secretario de Seguridad Pública, Guzmar Ángel González Castillo de que las corporaciones policiacas en San Luis Potosí no han sido rebasadas por la actividad delictiva podría generar un debate interesante.
Cada que se conoce sobre una muerte violenta, la confianza de la ciudadanía en las distintas policías se mina gradualmente y la percepción en que San Luis no es seguro se acrecienta.
Y el reconocimiento del alza de la incidencia de algunos delitos tampoco propicia un panorama favorable.
La dependencia que dirige Guzmar González deberá ir más allá de las palabras y hacer realidad la tesis de una fuerza policial que aún mantiene bajo control a la delincuencia.
No hay que echar en saco roto la petición de la Semarnat a la empresa operadora de la planta tratadora de agua residual aledaña al Tanque Tenorio de que solicite las autorizaciones ante el uso de gas cloro en proporciones superiores a las establecidas por las normas.
Si la planta está trabajando desde 2006, preocupa que la orden se dé 16 años después, pues indicaría que durante ese lapso, la planta trabajó sin esas autorizaciones.
La peligrosidad del gas cloro debería propiciar que las autoridades ambientales y de protección civil revisen la situación y prevean las contingencias que amerita la situación.
En la semana que terminó, el gobierno capitalino emitió cuatro convocatorias de licitación que pueden considerarse de las más importantes de la administración.
Se trata de la renovación del seguro de vida de cinco mil 646 trabajadores municipales, la atención médica y hospitalaria para esos empleados, la compra de medicina y gasolina y gas para, ahora sí, los vehículos de la policía municipal.
Estos contratos tienen en común dos factores: manejan millones de pesos y en otras administraciones, se han visto involucrado en escándalos de malos manejos, asignaciones poco claras y otras anomalías.
Así que habrá que ponerle lupa a los resultados de los concursos, sobre todo con el antecedente de la “imprecisión” millonaria en la que incurrió el alcalde Enrique Galindo con el contrato de arrendamiento de las patrullas.
Que no es la primera vez que en la CEGAIP, los comisionados aprueban el reparto de bonos navideños.
El año pasado fueron 561 mil 783 pesos, de los cuales, los tres comisionados se llevaron las tajadas mayores.
Pero en 2020, ocurrió lo mismo. En aquella ocasión fueron 596 mil 999 pesos. También, como en el año pasado, el dinero repartido provino de “ahorros” en la gestión, de acuerdo al acta de la sesión del 14 de diciembre de 2020.
Hay, sin embargo, una diferencia notoria con este año. Mientras que en la ocasión más reciente, fue posible conocer cuánto dinero recibieron por el bono los empleados de la CEGAIP, incluyendo sus comisionados, gracias al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en 2020 no hay evidencia de ese reparto.
O sea que en eso de transparencia, la CEGAIP es de cumplimiento intermitente.
¡HASTA MAÑANA!