No sólo ocurre en las películas de detectives de producción estadounidense. Poco a poco, la delincuencia va trabajando su propia imagen a través de serviles asesores, y se pone como ejemplo de un éxito a costa de la obtención de dinero fácil a través del robo o la extorsión, y que posiciona malhechores ya sea en cargos de empresas de lo ilegal, o hasta en cargos públicos de designación o de elección popular.
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La visita del director e investigador del Programa de Investigacion y Análisis Delictual (PIAD) de la universidad la República de Chile, es oportuna sobre todo para quienes se encuentran en la edad de la juventud y del desarrollo de sus estudios en universidades públicas y privadas.
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Ahora con el estilo de alinear estudiantes de universidades mediante prácticas porriles, ahora en la era digital de las comunicaciones, ya sea azuzando unos jóvenes contra otros o comprándoles su forma de pensar, su futuro y su voluntad por medio de invitaciones a bares, o pagarles la cerveza o algunas fiestas, poco a poco los intrusos de la educación superior acaparan grupos de estudiantes que son presas dóciles de los delincuentes.
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La imagen y el estilo comienza cuando a los jóvenes que en ocasiones a duras penas pagan sus estudios, aparecen con bienes que no conseguirían con un año de trabajo. El precio de incursionar en la sociedad delincuencial consiste en hacer el trabajo sucio de quienes pretenden obrar con mayor libertad para conseguir a través de prácticas delictivas lo que no serían capaces de reunir con el producto de su trabajo.
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Las letras chiquitas de esos contratos a valores entendidos entre jóvenes estudiantes o ninis y los operadores de la delincuencia, incluyen la obligación de cumplir con la reproducción de la empresa delictiva. Por igual podrá servir para perjudicar ciudadanos inocentes que a personajes políticos rivales. La cara única, pueden ser jóvenes o activistas mandados por delante, para cometer un delito. Es un suceso de aquí y de todo el mundo. Cuánta razón tiene el investigador chileno al aportar datos tan reales.
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Fuera de ese tema delicado, no menos importante es la determinación de la Contraloría Interna de la alcaldía de San Luis Potosí, de hacer valer mecanismos para tratar de garantizar la reparación del daño a las finanzas públicas, en observaciones financieras de extrema gravedad tales como la desaparición de más de 200 millones de pesos en una sola acción del gobierno municipal anterior. Sin embargo, el procedimiento de recuperación del dinero no se antoja esperanzador, a decir de las muy lentas etapas procesales de una investigación penal.
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La lentitud en la impartición de Justicia incluye todo un enredo de instancias judiciales de diversas materias, algunas de ellas diseñadas para agilizar un proceso y otras para detenerlo. No hay hasta ahora una normatividad expresada en términos claros para fijar plazos de vencimiento de un litigio en cualquier materia y asegurar la reparación de un daño lo más pronto posible.
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¡HASTA MAÑANA!