El deterioro del respeto al estado de derecho en la entidad que revela el estudio de World Justice Project es un foco amarillo que debe ser tomado en cuenta por la sociedad y las autoridades.
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No es muy complicado saber el motivo del por qué los indicadores de San Luis se degradaron del nivel medio al fondo de la tabla: el talante autoritario de esta administración estatal, que busca ocupar cada espacio de poder que vea disponible.
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Era sumamente probable que los indicadores que miden el respeto del estado de derecho en una entidad, sensibles de por sí, resintieran aún más los embates de un gobierno no muy apegado a las formas democráticas.
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Por otro lado, la práctica ausencia de contrapesos, políticos y legales, tampoco ayuda. Empequeñecidos por un poder mayor y por sus propias contradicciones, los partidos políticos de oposición han dejado de ser garantes de los equlibrios necesarios para una sociedad.
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También contribuye la debilidad de órganos autónomos como la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. El organismo encargado de la transparencia recurre a la opacidad para ocultar los gastos del recién salido expresidente, Enrique Menchaca, en un viaje a Colombia.
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De por sí, su periodo al frente de la Comisión ya había estado manchado por la autorización de un bono de marcha para él mismo.
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Y si la instancia encargada de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública incurre en la opacidad por sus propios intereses, queda claro el retroceso que está viviendo la legalidad en el estado,
El lunes, El Universal publicó un reportaje sobre la conformación de la red que el dio a Alejandro Moreno el poder cuasi absoluto para hacer y deshacer en el PRI desde la presidencia del comité ejecutivo nacional.
Dicha red, bautizada como Los Gladiadores, está integrada por militantes que, para decirlo llanamente, le deben el cargo y todo lo que ello conlleva, a cambio de lealtad total para concretar las reformas que le permitirán extender su poder al menos varios años más. Quienes se nieguen a apoyarlos de enfrentan a la expulsión de las filas priistas.
Si el esquema resulta familiar, es porque se ha replicado, punto por punto, en el PRI potosino. Y la presidenta Sara Rocha, lideresa estatal tricolor, sería la mayor beneficiaria.
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Ni las mejores políticas de protección civil pueden funcionar cuando se registran acciones irracionales de algunos ciudadanos.
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Ayer, un conductor, desafiando la evidencia de un paso a desnivel totalmente inundado en la glorieta cercana al hotel Real Inn, retirara la barricada puesta por la autoridad y circulara y, previsiblemente, su unidad quedó varada.
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Ante esas situaciones, la responsabilidad de alguna autoridad queda zanjada.
¡HASTA MAÑANA!