Que hasta ayer, el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad autónoma de San Luis Potosí (UASLP) envió la terna de propuestas para la nueva dirección.
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No hubo sorpresas. Son los mismos nombres: en estricto orden alfabético, Javier Delgado Sam, Georgina González Cázares y Luz María Lastras Martínez.
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Lo que sí sorprendió fue el desacuerdo interno entre algunos miembros del CTC (y de la terna) sobre este segundo intento.
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El desacuerdo entre dos de las tres personas propuestas se centró en que una consideró que no se habían resuelto las dudas del Consejo Directivo Universitario (el motivo de su devolución al CTC) con la profundidad debida, por lo que el riesgo de un nuevo rechazo estaría latente. Además de la tardanza en el trámite.
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Al parecer, hay quejas de que uno de los miembros de la terna aprovechó ese largo lapso para “planchar” con los miembros del CDU su elección.
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Va a ser un proceso muy turbulento, y si el CDU y el rector Alejandro Zermeño Guerra no hilan fino, este problema podría tornarse en una crisis.
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Dos y van cero. Al igual que pasó con el amago de autorizar una deuda monstruosa al gobierno estatal y a los municipios, con el asunto de ley “mordaza” de Sergio Serrano contra las expresiones realizadas con inteligencia artificial, el Congreso del Estado legisla primero y después averigua.
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En el primer caso, algunas semanas después del naufragio de las propuestas del morenista Carlos Arreola Mallol sobre las autorizaciones para un endeudamiento con Banobras, el Congreso realizó una exposición con un funcionario de la dependencia federal para presumir las “bondades” y “beneficios” de la medida. A menos que exista la pretensión de revivirlas iniciativas, ya no tendría caso.
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Igual sucede con el foro sobre regulación ética de la IA. Traen a varias conferencistas para “debatir” un tema que en el caso de San Luis, ya es ley, pues se aprobó a toda prisa, sin discutirla con la ciudadanía.
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Más que el interés de dialogar, discutir y debatir estos temas controvertidos, la legislatura pretende asegurarlos y, a toro pasado, simular la socialización y el diálogo de lo que aprueban.
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Con la versión de Veolia sobre el contrato de la planta tratadora del Tanque Tenorio, que la empresa operadora dio por concluido por vencimiento en febrero de 2024, se profundizan las dudas sobre lo que ocurre realmente en ese asunto.
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La compañía respondió así al edicto publicado hace unas semanas por la Comisión Estatal del Agua en el sentido de que efectuaba un procedimiento de rescisión del contrato, a más de año y medio de que Veolia salió de la planta.
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Desde luego, las dos versiones no pueden ser ciertas. Será interesante saber cuál es la versión verdadera. Y desde luego, cómo acaba el litigio sobre más de 200 millones de pesos que Veolia reclama a la CEA.
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¡HASTA MAÑANA!