A propósito de las acciones de los servidores públicos que pudieran lesionar a terceros, frecuentemente en el país, ciudadanos promueven acciones legales para tratar de revertir los efectos de alguna determinación que les afecta. De las sentencias se pueden derivar acciones para frenar las intenciones, echar abajo determinaciones que han causado estado, o incluso aplicar sanciones a los servidores públicos que se ven involucrados en un hecho que se considera violatorio de las garantías de las personas.
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Ejemplos hay muchos. A nivel local, hay funcionarios públicos que incluso han perdido el cargo por irregularidades en el desempeño de su función.
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Algunos de esos procesos han desembocado incluso en la pérdida de la libertad personal de los servidores públicos, o en inhabilitaciones para ocupar otras funciones de designación o de elección popular.
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Si bien en este siguiente caso no hay orden judicial de por medio que haya quedado firme, una votación mayoritaria quitó el derecho de votar y ser votado por un periodo de 18 años, al exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios, y a su interino Alfredo Lujambio Cataño. A ambos y a un grupo de miembros del Cabildo, se les imputa continuar con una obra en el anillo periférico oriente, en medio de una controversia legal por la definición de límites territoriales y polígonos que pertenecen al Ejido La Libertad.
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El exalcalde y su grupo de regidores se defienden con el supuesto de que la obra se desarrolló en un espacio público, en tanto que los ejidatarios argumentan un traslape de la obra con los límites de sus predios.
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Ahora, son 36 núcleos ejidales que comparten tierras en la Sierra de San Miguelito, quienes consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó sobre ellos y su derecho a la propiedad de la tierra. Otra vez, hay un señalamiento para el ahora presidente, por tomar una decisión sin acordar con los propios involucrados.
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Otra vez, la controversia es de ciudadanos que no se consideran favorecidos por el poder, quienes ven vulnerado su derecho por parte de la propia autoridad.
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Otra vez, el reclamo es por su propio patrimonio y derechos que comuneros y ejidatarios consideran atropellados por el propio presidente.
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Otra vez iniciará un proceso en el que los involucrados en la lucha territorial buscarán acercarse a dialogar, agraviados por la falta de pláticas previas, y con la acusación de que aquellos que evaluaron las zonas de reserva ambiental protegida, ni siquiera colocaron un pie en el sitio.
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El decreto presidencial, representa un atajo jurídico que pudiera representar apenas el principio de una larga lucha jurídica, porque el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación parece haberse saltado múltiples procedimientos, entre los que se encuentra el acuerdo con los directamente involucrados
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La zona Metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, concentra poco más del 50 por ciento de la población total del estado.
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Por ello, si hay casi 200 mil capitalinos enfrentando alguna modalidad de miseria, la comparativa de número de personas con cifras menores de los restantes municipios, es lógica, si tomamos en cuenta el número de población de los restantes municipios, pero a su vez se trata de un fenómeno injustificado, si se considera que las políticas públicas para revertir los efectos de la pobreza, pudieran no estar funcionando.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
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