La defensa de la entrega de vales de gasolina a un grupo de diputados y del pago de gratificaciones a los trabajadores por honorarios en el Congreso que terminaron su contrato con la anterior Legislatura son un mal augurio que presagia el regreso de los diputados derrochadores.
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Que tras la solicitud de cancelación que presentó Ciudadanos Observando, se defiendan los vales como “un acto de justicia”; o que se diga que “no hay de qué preocuparse” tras unas gratificaciones cuya justificación no se conoce, da a pensar que los nuevos diputados van a hacer caso omiso a las preocupaciones ciudadanas sobre el manejo de los recursos.
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Y esto es serio al ver los datos de la propuesta de presupuesto de 2025 que la Junta de Coordinación Política presentó ayer al Legislativo, pues presenta el mayor incremento absoluto y proporcional del presupuesto legislativo en los últimos seis años.
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Con respecto al año anterior, en 2020 el Congreso se autorizó un alza de 7.8 por ciento. En 2021 y 2022, hubo ligeras reducciones.
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En 2023 se dio un aumento de 2.4 por ciento y para este año, de nuevo se bajó el presupuesto en 4.4 por ciento.
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Los últimos dos años fueron un sube y baja presupuestal en el Congreso. Pasó de los 322.2 millones de pesos de 2022 a los 330 millones en 2023 y de ahí a los 315.3 millones.
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Pero la austeridad acaba el año entrante, pues la Jucopo propone un gasto de 341.2 millones de pesos, un alza de 25.9 millones de pesos con respecto a este año, equivalente al 8.2 por ciento.
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La justificación de la Junta para el alza es que el aumento del salario mínimo influirá en las negociaciones con la burocracia para definir el alza salarial; se generan 4 nuevas plazas y la necesidad de fondos extras para solventar jubilaciones de este año y el próximo.
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Falta ver qué dice Finanzas, pero con un Congreso en el que hasta la oposición ha acatado los designios de Palacio, los diputados esperarían un apapacho.
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Y entonces sí, a vigilarles las manos.
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Hablando de presupuestos, cuando era aún la Auditoría Superior del Estado, el Congreso del Estado le pichicateó sin arrepentimiento alguno las solicitudes de incremento de recursos hechas en 2022 y 2023 y 2024, cuando estancó su presupuesto en 300 millones de pesos.
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Pero la transformación del organismo en instituto no sólo fue de nombre, sino también de trato.
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Ahora, para 2025, el Congreso se enfila a otorgar un incremento de 11.1 millones de pesos, pues la Comisión de Vigilancia palomeó la solicitud de recursos hecha por el IFSE.
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No pasa desapercibido que con las dos administraciones anteriores, que no se guardaron observaciones a las anomalías del gobierno gallardista de Soledad, hubo severidad presupuestal, mientras que hoy que la preside un exfuncionario del gabinete gallardista, que para quien muestra severidad es con la alcaldía capitalina y la UASLP, se abrió la llave.
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¡HASTA MAÑANA!