El último informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue en realidad una larga sesión de autoelogio, medias mentiras y mentiras completas.
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El ejemplo más notorio que el sistema de salud mexicano supera al de Dinamarca, pero hay varias más, entre ellas, la que habla de un México más seguro.
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El propio sexto informe desmiente esa fantasía, pues sus estadísticas, por más que se critique, no sin razón, que los anteriores gobiernos desataron y no pudieron controlar la crisis de la inseguridad, fue en este sexenio que está por terminar en que se exacerbó.
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Eso aplica para San Luis Potosí, y muy seguramente para todos los demás estados. Pero en nuestra entidad, el contraste es dramático. Entre el criticado sexenio de Peña Nieto y el del morenista, casi se duplicaron los delitos. Insistir en que el combate al crimen organizado ha sido un éxito de este gobierno es simplemente insostenible.
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Ya no es una sorpresa que el acueducto El Realito falle. Ayer tuvo su más reciente desperfecto, que ha impedido que el abasto de agua se reactive y de paso, ha vuelto a dejar en mal al gobierno del estado, que ya había dado como un hecho la normalización del servicio.
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Al parecer, al consorcio Aquos le tiene sin cuidado esto, pues parece segura que por más deficiencias que presente en sus servicios, legalmente tiene amarrado a su principal cliente, que no puede desprenderse del contrato y debe resignarse a pagar sumas millonarias por un servicio deficiente.
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Las protestas contra la reforma judicial siguen y este día se espera que desde Zacatecas, pase una caravana de abogados y trabajadores judiciales. Tendrán un breve evento en la Plaza de Armas y luego reanudar el camino hacia la Ciudad de México.
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Es probable que se les sume un contingente de potosinos que se sumen a la protesta.
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Ayer se reanudó la audiencia dentro del proceso judicial fincado contra el exsecretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, y no parece haber iniciado bien para la parte acusadora, es decir, la Fiscalía General del Estado.
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En el inicio de un largo desfile de 24 testigos, los primeros dos, uno de ellos el primer secretario de Salud de este gobierno, Daniel Acosta Díaz de León, no dieron indicios de que el exfuncionario señalado por el desvío de 32 millones de pesos haya estado ligado al contrato cuestionado. El exsecretario y otra funcionaria de Salud en ese entonces, se limitaron a decir que había presentado la denuncia, que fue elaborada por la otra exfuncionaria.
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Testimonios que no apoyan las tesis que, a través de la FGE, el gobierno estatal pretende achacar el fraude al exfuncionario.
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¡HASTA MAÑANA!