Los Servicios de Salud quedaron lamentablemente exhibidos por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) al desnudar la mentira de que había dado permiso para que la dependencia que dirige Mónica Rangel omitiera publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) con el pretexto de una falla en el uso de un programa de contabilidad gubernamental.
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El argumento de la falla permitida para justificar la opacidad esconde en realidad la simple negativa de la dependencia estatal a informar por quién sabe qué intención de ocultar datos.
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Los Servicios de Salud están acorralados por su mentira y, salvo que de manera intencional quiera mantenerla, están obligados a hacer pública la información que ha retenido desde hace poco más de un año.
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Lo que no podrá ser reparado es la imagen de la dependencia, que ya no podrá afirmar que es transparente sin que se recuerde este vergonzoso episodio.
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Otra exhibida se dio ayer por los rumbos del Gabinete de Seguridad. Ante los resultados que indican que San Luis se enfrenta a una escalada de la delincuencia, y particularmente en el caso de los homicidios dolosos, el secretario de Seguridad, Jaime Pineda, y ayer el fiscal general Federico Garza, han insistido que estos no son responsabilidad de la delincuencia organizada, como si eso le restara gravedad al asunto (desde el jueves de la semana pasada, hasta ayer, van 17 personas asesinadas) y como si pensaran que con insistir en ello, la ciudadanía está más tranquila.
E intempestivamente, el gobernador Juan Manuel Carreras López aparece para hablar sobre el tema y decir… que grupos de la delincuencia organizada están enfrentándose por mercados en la entidad.
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La discrepancia de argumentos entre el mandatario y sus subalternos es pavorosa. No obstante, Carreras López sigue pensando que no son necesarios los cambios en el gabinete.
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Igual persistencia, hasta el grado de incurrir en la mentira, se da en la policía municipal de Soledad. También contra las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el vecino municipio insisten en afirmar que sus estrategias están funcionando y han logrado “avances notables” para reducir la incidencia.
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Sólo con su dicho, José Luis Urban Ocampo, el jefe de la policía local, afirma que hay una baja incidencia del robo patrimonial
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Las cifras del SNSP dicen, lamentablemente, otra cosa: al primer trimestre de este año, en comparación con el mismo lapso de 2018, el robo creció 31 por ciento.
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Lo que queda claro es que, a las autoridades potosinas les queda perfectamente la frase acuñada en 2015 por el semanario The Economist para describir la irresponsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto en problemas como la corrupción y la inseguridad: no entienden que no entienden.
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¡HASTA MAÑANA!