Pésele a quien le pese, San Luis Potosí es una de las entidades federativas donde más se incumple con la inmovilización de personas. En giros no esenciales abundan los comerciantes en las calles, no toda la industria de segundo grado de importancia vital ha parado sus actividades en forma planeada, y hasta se aprecia falta de coordinación por ejemplo en el transporte público, donde el camionero puede llenar su vehículo y nadie lo capacita para subir un máximo de pasajeros y exigir a los usuarios distanciarse en los asientos.
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Las banquetas y camellones están llenos de gente sin cubre bocas ni medida alguna de protección que pasea con toda la familia, como en día de campo o largo periodo vacacional, los cuerpos de seguridad y el orden son indiferentes a graves problemas que se avecinan y su reacción es lenta como si tuvieran atole en las venas, vecinos festejan con toda libertad el Día del Niño y una hora después del llamado de auxilio los retiran, hay demasiados deportistas en las calles y avenidas de la ciudad, en las calles del centro una autoridad restringe el acceso y los ciudadanos desafían con toda libertad, y la irresponsabilidad mantiene a trabajadores en actividades no esenciales y de riesgo.
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Las medidas de mitigación son laxas e incluso rayan en lo irresponsable, si se considera que por ejemplo en la capital potosina, no sólo se debe padecer la proliferación de personas por movilizaciones contaminadas de coliformes políticas, como ocurrió este domingo, cuando pepenadores ligados al gallardismo trataron de instalarse en el camellón de la avenida Hernán Cortés, a pesar de las disposiciones de la Secretaría de Salud, bajo argumentos de los comerciantes de chácharas que más bien abonan a la pandemia de la desinformación.
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En el gobierno del estado y las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se ven autoridades débiles, impotentes ante la desobediencia civil y el riesgo de que San Luis Potosí se transforme en un Guayaquil en los próximos días. Nadie a nivel local hace sombra a la literal indiferencia del Gobierno Federal sobre la que para ellos no importa nada más de San Luis Potosí que una estadística, necesaria para la radiografía de la pandemia, pero insuficiente para la toma de decisiones por fuera de la contaminación política.
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El reporte estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha envejecido. Sus datos no surgen con el mismo vigor y 26 días después de concluido marzo, apenas arroja el alarmante dato del despunte de muerte de mujeres con protocolo de investigación de feminicidio, con independencia de que el tipo delictivo se ha confirmado o desechado en próximas fechas. Nueve casos de asesinato de mujeres, registrados por los libros de gobierno del Ministerio Público en marzo, tardaron 26 días en llegar a las estadísticas, justo cuando está a punto de concluir el mes de abril.
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Con razón la persecución del delito es tan lenta y tortuosa. Una noticia que deben conocer los ciudadanos y las autoridades el primero de abril, aparece en las estadísticas de seguridad pública 26 días después, demasiado tarde para la toma de decisiones en materia de corrección de las estrategias contra la inseguridad pública. Otra vez y como sucede en la pandemia de coronavirus, es cierto que la estadística aporta utilidad a la ruta que deben llevar las acciones del gobierno y de las instancias de procuración y administración de justicia, pero un dato de tal lentitud da una idea de la burocratización de los procesos, burocracia tan cara para el erario público.
¡HASTA MAÑANA!