Las estadísticas de la deuda en San Luis Potosí que presenta el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo son irrefutables: los pasivos de las dependencias potosinas han llegado a sus niveles más altos en los últimos 18 años y coinciden con el inicio de la presente administración estatal.
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Hay que acotar que el documento federal, basado en cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suma los pasivos de todo tipo de instancia local: el gobierno del estado, las 59 alcaldías y organismos auxiliares y, en algunos casos, autónomos.
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Pero no se puede dejar de reconocer que el grueso de los más de seis mil millones de pesos que reporta el informe de Sheinbaum Pardo como deuda en el estado corresponde al gobierno estatal.
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Uno de los factores que pudiera haber incidido en este repunte es la adicción a los créditos quirografarios que ha mostrado esta administración desde su inicio.
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El aumento ya debe ser visto no solo como un problema económico, sino también político, pues indudablemente será un tema de campaña.
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Y es que el estado se ubica en el grupo de entidades con mayor incremento en sus pasivos.
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El proyecto Monterrey VI está siendo tomado en San Luis con incredulidad y negación. De Palacio de Gobierno ha sido descalificado, con señalamientos de su inexistencia y la minimización de su reaparición en la vida pública.
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A esta impresión la está impulsando la postura de la Comisión Nacional del Agua de desconocer cualquier solicitud del gobierno de Nuevo León sobre el proyecto.
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Pero la realidad es que los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey sí iniciaron el trámite de permisos ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. De eso, hay constancia documental.
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Quizá la idea es no darle ningún margen al proyecto de un gobierno opositor, el de Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
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Aun así, no parece prudente desentenderse de la cuestión.
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Por otro lado, en tierras neoleonesas, el proyecto de extraer agua de un río potosino para llevarla a Monterrey le está generando a García severas críticas porque, hace años, se mostró como uno de los principales opositores cuando la obra era impulsada por un gobierno priista.
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El Congreso del Estado no tuvo una buena experiencia en la celebración de una conferencia sobre la regulación de la Inteligencia Artificial. La decisión de cerrar la convocatoria se le revirtió en críticas de los medios que se sintieron excluidos, que las expusieron ampliamente.
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Y los resultados del encuentro, en estricto sentido, no influirá mucho en el debate.
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El episodio deja una lección para otras instancias si se mantiene la idea de realizar foros en el corto plazo. Y también demostró que, tras el fiasco de la Ley Serrano, el Congreso quedó con escaso margen para ser un interlocutor sobre el tema.