No es posible para ninguna administración pública presumir finanzas sanas cuando enfrenta un pasivo monstruoso con el sistema de retiro de su burocracia.
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El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona sigue ampliando la brecha entre el monto de pasivo que heredó de sus despreciados antecesores, que ya de por sí era altísima, hasta romper el techo de los cuatro mil millones de pesos.
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La deuda del gobierno estatal con la Dirección General de Pensiones ya hace rato superó el monto de los créditos bancarios que permanecen activos y que, a diferencia del pasivo con Pensiones, ha venido bajando.
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¿Por qué sucede esto? Porque el pago de la deuda bancaria está amarrada a la garantía de las participaciones federales, lo que obliga al gobierno estatal a pagar religiosamente los abonos.
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En el caso de Pensiones, este gobierno no se ha sentido obligado, desde que inició, a pagar no sólo sus cuotas, sino que tampoco entrega al sistema de retiro los porcentajes que descuenta regularmente a sus trabajadores, tanto de la burocracia como de los maestros que, técnicamente, no son sus recursos.
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En el acta de la sesión más reciente de la Junta de Gobierno que está disponible, ya se perciben tanto las tensiones de los sectores afectados, como el método con el que lidia esta administración con el problema.
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Al reclamo de pago del representante de la burocracia, el enviado del gobernador contesta pidiendo un reporte sobre las obligaciones que, alegó el representante, Pensiones no ha cumplido.
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Hasta el director del sistema, que fue nombramiento del mandatario estatal, expresó sorpresa ante la petición.
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El vocero de la burocracia no se intimidó y volvió a pedir la información sobre los pagos, solicitud que fue olímpicamente evadida por el representante gubernamental.
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La bomba de tiempo está activa y puede significar grandes problemas para esta administración.
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En el debate sobre si, en materia de seguridad, lo que ha aumentado, los delitos o las denuncias, los datos que el Inegi revela en la Encuesta Nacional de Vivienda y Percepción de la Seguridad Pública sobre el número de delitos y su “cifra negra”, es decir, los crímenes que no son denunciados, ofrecen una perspectiva que puede considerarse definitiva.
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Sí hay un crecimiento en las denuncias entre 2021 y 2022, pero el avance queda reducido a la calidad de testimonial si se observa que el crecimiento de los delitos fue inmensamente superior, pero también lo fue la cifra de delitos no denunciados.
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La bancada del Partido Verde Ecologista de México enfila a su integrante Dolores Eliza García Román a la presidencia de la directiva del Congreso.
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¡HASTA MAÑANA!