Dientes vs. el Covid Congreso opaco

Como un avance puede interpretarse el dictamen favorable a una iniciativa de reforma de la Ley de Protección Civil a fin de dotar de dientes a la dependencia estatal del ramo para que sancione los incumplimientos a las disposiciones sanitarias dictadas para contener la pandemia de coronavirus.

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Desde que la epidemia empezó, se ha visto con preocupación cómo las autoridades han sido incapaces de inhibir las grandes concentraciones de personas en espacios como el tianguis de Las Vías o celebraciones como bailes comunitarios o fiestas particulares.

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El dictamen favorable a modificar esto para que las autoridades de Protección Civil “muerdan” a quienes no respetan esta norma vendría a reparar esa omisión, que indudablemente ha costado vidas.

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Esta situación viene a caer en un momento oportuno, justo antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, que indudablemente generarán un incremento de visitantes a los atractivos turísticos de la entidad.

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Pero la reforma enfrenta un desafío principal: coincide con el arranque de las campañas electorales. 

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Es claro que los actos proselitistas de los candidatos, y eso que algunos se han comprometido a no exponer a los electores, no propician un ambiente sanitariamente seguro que garantice que la pandemia no se expanderá.

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Las autoridades de Salud han mostrado su peocupación de que esta exposición de un numeroso número de personas a eventuales contagios disparen los casos nuevamente, pero se reconoció inoperante para ser más rígida en sus mandamientos.

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Esperemos que, ahora que tendrá modo de sancionar los incumplimientos, la autoridad no flaqueé si tiene que aplicarlos a candidatos y a partidos políticos. 

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Como en las encuestas que pululan en estos tiempos, en los diarios de la Ciudad de México se pueden encontrar numerosos comentarios hechos en columnas editoriales de diarios de la Ciudad de México, algunos de autores de renombre, de medio pelo e incluso anónimos, en los que se habla bien o mal de los candidatos.

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Es difícil de comprobar, pero sería conveniente que las autoridades electorales verificaran si hubo o hay sólo un interés editorial en esos textos o si es una forma de publicidad disfrazada de opinión, pagada por los actores políticos de esta contienda electoral. 

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Mañana se cumple el plazo legal para que todas las dependencias del servicio público potosino publiquen en la Plataforma Estatal de Transparencia la información pública que hayan generado durante febrero.

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El Congreso del Estado, que extrañamente ha publicado casi todos sus datos, no ha revelado ni su listado de cheques ni las actas de las sesiones de la Junta de Coordinación Política no sólo de febrero, sino tampoco las de enero. Es decir, en esos dos importantes rubros, los diputados han mantenido la opacidad más cerrada.

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¿Qué ocultarán?   

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¡HASTA MAÑANA!