Los diputados locales, especialmente los vinculados a la 4T van a pasar saliva ahora que se hace notar la desaprobación que mostró ayer aquí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a uno de los beneficios laborales más jugosos que reciben.
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En Cerritos, al enlistar los privilegios, que equiparó a corruptelas, de los funcionarios de administraciones federales pasadas, López Obrador incluyó al fondo de ahorro cofinanciado con recursos públicos, en los que el beneficiario pone una suma y la parte patronal, es decir, el Congreso, aporta una cantidad igual.
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Nada que decir si se tratara de una empresa privada, pero en el caso de los legisladores, es el erario el que financia un beneficio cuyo respaldo legal viene de la discrecionalidad de los diputados, que gozan de total autonomía para otorgarse lo que ellos quieran como beneficio laboral.
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López Obrador verbalizó lo que buena parte de la ciudadanía piensa: se trata de una prestación injusta y rayana en la corrupción.
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Algo que no debe perderse de vista en una Legislatura, la potosina, que ha venido presumiendo que es distinta a la voraz diputación que le antecedió.
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No lo ha de ser tanto, sin embargo, si mantuvo esta injusta prestación. Es cierto, disminuyó por el obligado descenso salarial que impuso el propio “Peje”, pero de cualquier modo, sigue siendo una jugosa prestación. Actualmente, entre los 27 diputados y tres funcionarios de alto nivel, han acumulado en nueve meses y medio casi 11 millones de pesos, la mitad de ellos, del erario.
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Sus antecesores se llevaron en toda la Legislatura 37 millones de pesos, poco más de un millón de pesos por beneficiario. A eso aspiran los actuales.
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A ver cómo explican el sostenimiento de esta prestación cuando el gobierno federal la desecho. En especial los integrantes de la bancada de la 4T.
Otra vez, Juan Paulo Almazán, el funcionario que encabeza el Poder Judicial del Estado, es feamente desmentido.
Lo fue cuando negó saber que una funcionaria agredida en las instalaciones de la Ciudad Judicial contaba con medidas precautorias contra su violentador, la Fiscalía General del Estado reveló que sí se había informado al PJE de dichas medidas.
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Y ahora, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción desmiente el señalamiento de Almazán Cue de que no se había enterado de la celebración de la polémica sesión del SEA en el que se decidió, sin asideros legales visibles, dar atribuciones de secretario técnico al presidente provisional del CPC.
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La existencia del documento pone en entredicho al líder del Poder Judicial y evidencia que algo no marcha bien en la última fase del establecimiento del SEA.
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López Obrador no ha hecho anuncios notables en su gira por tierras potosinas, pero ha reiterado la cordialidad expresada en giras recientes hacia el gobernador Juan Manuel Carreras López. Se ve que quiere seguir llevando la fiesta en paz.
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¡HASTA MAÑANA!