Vaya lío en que se ha metido la Mesa Directiva del Congreso del Estado al incumplir el acatamiento de un fallo de un amparo promovido por una magistrada del Poder Judicial del Estado inconforme por no haber sido ratificada por la pasada Legislatura.
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La preocupación menor es el pago de una multa de al menos diez mil pesos para los siete integrantes de la mesa.
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Por cierto, habrá que decir que sería muy injusto que las sanciones a la mala actuación de los diputados sean liquidada con recursos del Congreso. Ese pago debe salir de los bolsillos de los involucrados.
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Más grave que eso es la advertencia que se hace dentro del fallo de que, de reincidir en el desacato, está la inhabilitación del cargo.
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Sería increíble que se llegara a ese punto, pero los legisladores potosinos han dado muestras de que son capaces de eso y de más. También resulta lamentable que se tenga que llegar a tal extremo para que los diputados locales cumplan con su trabajo.
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San Luis Potosí ya entró de lleno en la populista medida de legalizar los autos importados de manera irregular al país. La ocurrencia del gobierno federal ya es efectiva en el estado.
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Y con ello, la entidad correrá varios riesgos, como el golpe a los negocios dedicados a la venta de autos, que tendrán una importante competencia desleal.
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Además de la controversia por el lado económico, está el peligro ambiental, pues usualmente, la chatarrización del parque vehicular es un efecto de esta medida. La contaminación, debido a la alta edad del parque vehicular, podría empeorar.
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Pero para administraciones que se apoyan en el populismo, no hay más elementos que la rentabilidad política de sus acciones.
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Las roscas de Reyes que repartió el gobierno del estado, vía la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, resultaron tener un “mono” millonario.
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De acuerdo con el contrato DGA-CAASPE-AD-001-23, fechado el 4 de enero pasado, la Oficialía Mayor adjudicó directamente al proveedor Jaime Ramírez Miranda la compra de nueve mil roscas de Reyes por las que pagó un millón 320 mil pesos.
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La justificación de no haber realizado una licitación concursada fue la fracción VII del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones del Estado, que regula las circunstancias bajo las cuales el gobierno estatal puede adjudicar los contratos de manera directa. Específicamente, por tratarse de productos alimenticios.
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Podría esperarse, sin embargo, que en plena temporada de roscas de Reyes, habría muchísimos proveedores potenciales, lo que podría haber mejorado el precio.
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El contrato especifica que la compra es de “pan especial”, aunque no define que le da esa categoría, más allá que debería tener “forma circular”.
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¡HASTA MAÑANA!